Cesar Miralles

Discurso de investidura

2011-12-23T11:00:00.000-08:00

Esta semana en el debate de investidura Mariano Rajoy anunció las grandes líneas de su acción de gobierno diferenciando entre medidas urgentes de aplicación inmediata y reformas estructurales de efectos a medio y largo plazo. Se anuncia un recorte en el gasto público de alrededor de 16.500 millones a la par que un conjunto de rebajas e incentivos fiscales a familias y empresas.

En materia de impuestos, se generará renta disponible para aquellas familias que opten por la contratación de planes de pensiones y/o por la adquisición de una vivienda habitual. En el caso de empresas, se subvencionará el coste de la Seguridad Social por la contratación de jóvenes, se creará una RIC para el conjunto de España a través de una menor tributación de los beneficios empresariales no distribuidos y/o exenciones para beneficios reinvertidos en la modernización de activos fijos, se elevará el límite de cifra de negocios y de base imponible para que más empresas puedan acogerse al régimen especial de empresa de reducida dimensión o aplicar el tipo reducido del 25% en el impuesto sobre sociedades, y se modificará el régimen del IVA de manera que se tribute en el momento del pago efectivo y no del devengo de la transacción.

Las rebajas e incentivos fiscales anunciados son acertados en cuanto fomentan el ahorro e inversión, magnitudes económicas clave para incentivar la inversión, crecer económicamente, crear empleo y sanear los balances de las entidades tanto financieras como no financieras. Son apropiadas en la medida que se acompasan con un programa económico coherente basado en la austeridad y las reformas estructurales.

Lógicamente las grandes cifras están todavía por definir, probablemente hasta que tenga lugar el primer Consejo de Ministros. Haciendo algunas proyecciones bajo un escenario benigno, el déficit público podría estar alrededor del 7% del PIB, por tanto con un desfase de alrededor de 11.000 millones de euros, principalmente por un mínimo superávit de la Seguridad Social y un desfase en las Comunidades Autónomas. En consecuencia, ceteris paribus, el gasto tendrá que reducirse en aproximadamente 27.247 millones para cumplir con el objetivo de déficit público pactado con Europa del 4,5%.

Ahora queda por conocer el detalle de las medidas así como la evaluación de su impacto económico, tanto en el corto como en el largo plazo. Debería considerarse que el impacto sobre la inversión de todo incentivo fiscal a empresas o familias viene limitado por el elevado endeudamiento familiar y empresarial, la falta de crédito para acometer inversiones o la proliferación de pérdidas fruto de la atonía en el consumo.

En otras palabras, la política fiscal pierde fuerza y alcance en un clima de incertidumbre. Por ello, es de vital importancia generar confianza y reducir la incertidumbre mediante el cumplimiento holgado del déficit público, el control de la deuda, y la implementación de las reformas que eleven nuestro potencial de crecimiento, como son las anunciadas en el ámbito del sector público, laboral y sector financiero. Todo en un tiempo record para recuperar el tiempo perdido.

Sin subida de impuestos

2011-12-03T01:06:00.000-08:00

En ausencia de medidas adicionales la mayor parte de los analistas descontamos un incumplimiento por parte de gobierno español del objetivo de déficit para las administraciones públicas en el periodo 2011-2013. Una previsión menos optimista de crecimiento económico y de paro que lastrarán los ingresos tributarios y presionarán al alza el gasto social y el insuficiente ajuste en el gasto público en general, y en especial en el autonómico y local explicaría dicho incumplimiento.

A groso modo, de cara a corregir la tendencia, las administraciones públicas deberán reducir el déficit en aproximadamente 6.000 por año en el periodo mencionado. Ante este panorama, el gobierno entrante deberá valorar la conveniencia o no de acometer subidas impositivas como último recurso para reducir el déficit, a la vez que sus efectos perniciosos sobre el ahorro, el consumo, la actividad o la evasión fiscal. Como norma general, las subidas de impuestos tienen sentido en época de vacas gordas pero no de vacas flacas ya que el deber de los gobiernos previsores, al igual que las familias o las empresas, es acumular ahorro en épocas de bonanza para compensar la caída de los ingresos en época de crisis. En determinados niveles de presión fiscal, nuevas subidas impositivas pueden conllevar una reducción de la recaudación al incentivar la evasión fiscal. En especial, un aumento considerable de la tributación del ahorro puede propiciar una salida de capital en un momento donde necesitamos generar más que nunca ahorro nacional que financie las necesidades de financiación de la economía española. Por otro lado, toda subida de impuestos indirectos (como el IVA o el impuesto especial sobre el tabaco) es injusta por el hecho de no discriminar en función de la renta disponible del sujeto que tributa.

Por último, las subidas de impuestos carecen de legitimidad ante la sociedad en tanto en cuanto exista suficiente margen de maniobra en materia de eliminación de duplicidades entre las diferentes administraciones públicas, gasto superfluo e improductivo, o mientras se pueda ganar en eficiencia en la ejecución de las políticas de gasto. En un contexto de elevado paro, renta disponible familiar estancada y pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de una congelación en los salarios, mínimo impulso de la inversión pública productiva, bajos beneficios empresariales, y serias restricciones crediticias, la vía más neutral de acometer el ajuste presupuestario es predominantemente la del gasto público y no de los ingresos. En definitiva, los efectos perniciosos de una subida impositiva superan a los efectos beneficiosos no recortar. Entre otros motivos porque el gasto público pierde gran parte de su fuerza en un momento de fuerte restricción crediticia.

Breve análisis en La Razón

2011-12-02T00:49:00.001-08:00

Link: http://www.larazon.es/noticia/3526-analisis-recetas-eficaces-por-cesar-miralles

1. Nicolas Sarkozy exaltó la importancia de la disciplina para refundar Europa. Por tanto, ¿qué aspectos se están descuidando?

Claramente, la política fiscal. Ésta debe estar coordinada con la política monetaria, que desde la creación del euro está en manos del Banco Central Europeo. Por tanto, es esencial que la política fiscal esté coordinada desde un órgano supranacional. Además, debemos dotarnos de automatismos para evitar que la indisciplina de unos pocos acabe afectando al resto de países que presentan buenos fundamentales económicos. Si somos incapaces de controlar las finanzas públicas, seguiremos teniendo problemas para colocar la deuda a costes razonables.

2. Asegura que más Europa implica ceder soberanía, ¿tendrían que recaer los presupuestos nacionales en la Comisión Europea?

En la actualidad contamos con mecanismos y reglas de penalización, con un papel más bien disuasorio. Alemania incumplió en el pasado el objetivo de déficit y no pasó nada. En Grecia se falsearon las cuentas públicas y no pasó nada. No son eficaces. Que los presupuestos nacionales pasen un primer filtro supranacional puede ser una solución. Pero habrá que ver en qué medida. Tenemos obligaciones en materia de disciplina fiscal.

3. Aboga por trabajar más horas y más años, ¿es la salida para salvar el Estado del Bienestar? ¿Qué otras medidas añadiría?

Hay que ser más productivos y más competitivos. Trabajar más horas no es una condición suficiente. El Estado del Bienestar se sostiene con tasas de desempleo reducidas. La política económica debe ir encaminada a la creación de empleo. La receta es crear empleo de alto valor añadido.

Keynes contra Ricardo

2011-12-02T00:00:00.000-08:00

En estos días estamos asistiendo a un intenso debate en materia de teoría económica. De un lado, los seguidores del keynesianismo que no escatiman en recurrir al déficit público (gastar más de lo que se ingresa vía créditos) y mayor deuda pública en momentos de depresión del sector privado con el argumento de compensar la caída de la actividad privada con el aumento de la actividad pública y así evitar el aumento del paro y de los gastos por prestaciones por desempleo. Del otro lado, los denominados ricardianos que sostienen que un mayor déficit no influye decisivamente en el nivel de actividad de la economía puesto que tanto empresas como familias no aumentarán su gasto sino su ahorro en previsión de futuras subidas de impuestos necesarias para devolver la deuda, además de reducir (efecto expulsión) las posibilidades de financiación de las empresas y hogares al acaparar el sector público el poco crédito disponible en momento de crisis financiera.

Si además, como es el caso, somos un país con un sistema financiero en pleno proceso de recapitalización y reconversión (menor crédito disponible), un elevado nivel de deuda externa privada, tasas dramáticas de paro, y con malas perspectivas de materia de crecimiento y déficit público, obviamente el keynesianismo no tiene razón de ser. No habrá inversor que compre a rentabilidades razonables la deuda pública española correspondiente a una nueva oleada o incremento del gasto público. Países solventes como Francia, Italia o Bélgica están colocando (vendiendo) su deuda pública a precios/rentabilidades muy por encima de los niveles aceptables. En España, el Tesoro ha aceptado pagar un 5% por financiarse a tres meses, una barbaridad. Hasta el mismísimo Tesoro alemán tuvo recientemente problemas para colocar su deuda pública en los mercados, aun siendo considerada la deuda más segura de Europa.

Por último, nos olvidemos que tenemos un compromiso con nuestros socios europeos, que estarán ahí para ayudarnos cuando pasemos dificultades como nosotros estamos contribuyendo al rescate de Grecia o Portugal. Si España o Europa en su conjunto propusiese retrasar el ajuste para compensar el elevado paro, nuestros acreedores (y potenciales inversores) nos castigaría sobremanera, al percibirlo como un síntoma de debilidad extrema. Por tanto, España, que está en el punto de mira, no debe ser menos que Francia y Alemania en cuento al cumplimiento del déficit. Especialmente porque los mercados castigan duramente a aquellos países que abusan del endeudamiento, o lo que es lo mismo, que dan muestras de no poder ajustar su presupuesto ante una situación de crisis.

Parece que el mensaje ha calado en las Comunidades Autónomas que en su conjunto cumplen, al menos que lo que llevamos de año, con el objetivo de déficit público. Ahora solo hace falta que la sociedad lo entienda. En otras palabras, a mayor déficit público, más deuda pública, mayor encarecimiento de la deuda pública y privada, menor crédito disponible para las pymes y familias, más pago por intereses de la deuda, menos inversión, y más paro.

El coste de la deuda

2011-11-20T06:38:00.001-08:00

Elpasado viernes la prima de riesgo de la deuda pública española alcanzó en elmercado secundario los 445 puntos básicos, después de haber superado pormomentos la fatídica barrera de los 500. Parece por tanto que inversores tienenactualmente cierto poder de fijación de precios como consecuencia de diversosfactores que juegan en contra de los intereses del Tesoro español.

Anivel europeo la falta de acuerdo sobre la fórmula de apoyo a la deuda soberanaen el seno de la Zona Euro y la indisciplina en Italia y Grecia siguenafectando la prima de riesgo española. A nivel nacional, el elevado nivel dedeuda privada, los pronósticos en materia de déficit, paro y crecimientoeconómico, así como el impasse derivadodel periodo electoral presionan de manera particular. Pero además, elMinisterio de Economía erró revisando su previsión de crecimiento para 2011 enla previa de la subasta, quién a su vez no debió apurar la subasta superando labarrera psicológica del 7% en el tipo de interés marginal.

Afortunadamente,el Tesoro español tiene cierto margen de maniobra para aguantar un incrementotemporal en el coste de financiación. Pero solo mientras la deuda que se vaya emitiendobajo peores condiciones crediticias no represente un porcentaje significativo deltotal de deuda en circulación. En un escenario negativo, por ejemplo siasumimos un encarecimiento del 40% en las emisiones a realizar por el TesoroPúblico a lo largo del próximo año, correspondientes al nuevo endeudamiento previstopara la Administración General del Estado (33.696 millones) y al objeto de renovarla deuda (46.416 millones en bonos y obligaciones), el coste medio definanciación del Tesoro se vería incrementado en un 7%, lo que lo situaría en el4,25% desde el 3,97% actual.

Apesar de ello no es un nivel conforme a los fundamentales de la economíaespañola si atendemos al nivel de deuda en términos de PIB. El ejemplo expuestomermaría los presupuestos del Estado en cerca de 96 millones de euros solo en sobrecostepor intereses. También tiene efectos colaterales de calado, al encarecer elcoste de financiación de las PYMES, autónomos, familias, y del resto del sectorpúblico (CCAA o Ayuntamientos), quienes pagan una prima de riesgo superior a lapagada por el Tesoro español. Por tanto, reconducir la prima de riesgo corrigiendolos factores anteriormente apuntados debe ser la prioridad absoluta delgobierno entrante el 20N.

Entrevista en Lancelot

2011-11-17T06:40:00.000-08:00

http://www.lancelotdigital.com/cesar-miralles-%E2%80%9Cla-reforma-laboral-urge%E2%80%9D/

-¿Cómo valora la respuesta de la Zona Euro a la crisis griega?

-Estamos asistiendo a un nuevo episodio de euro-esclerosis. En estas últimas semanas hemos observado como dimitían los presidentes del gobierno de Italia y Grecia para ser sustituidos por personas que han ocupado recientemente cargos de responsabilidad en las instituciones europeas. Sin embargo, no fueron elegidos por el pueblo en unas elecciones y tampoco son puros tecnócratas, puesto que siempre han servido al partido político que los propuso para los cargos ocupados. La crisis económica y financiera ha causado una crisis institucional en el seno de los países de la Zona Euro. En mi opinión, los gobiernos europeos no han estado a la altura y Grecia debería salirse del euro por haber mal gestionado los fondos públicos y engañado a las autoridades europeas. Pero si cayera Grecia, los bancos franceses y alemanes tendrían pérdidas cuantiosas por haber adquirido grandes cantidades de deuda griega en el pasado. Este es el dilema.

-¿Tienen razón los mercados que apuestan contra España?

-Para bien o para mal nuestras empresas y hogares están altamente endeudados. Esto nos obliga a rendir cuentas anualmente ante nuestros prestamistas, muchos de ellos extranjeros, para que nos renueven su confianza y sigan financiando nuestros proyectos de inversión y el mantenimiento del estado de bienestar. Desafortunadamente, los mercados apuestan a que España está entre los países más vulnerables, como Italia, Grecia, Irlanda y Portugal. Razones tienen para dudar de España si observamos el escalofriante nivel de paro, el incremento sin precedentes de la deuda pública, el elevado déficit público programado para los próximos años, la elevada deuda privada, o el desequilibrio en los balances de las cajas y bancos españoles respecto al peso del crédito al promotor y constructor o del suelo. A pesar de ello, los mercados tienden a sobre reaccionar en muchas ocasiones. En otras ocasiones, los mercados actúan bajo intereses especuladores. Sea como fuere, nuestro país está endeudado con el exterior, ya que nuestra inversión ha sido superior a nuestro ahorro. Por ello, anualmente tenemos que acudir a los mercados para que nos renueven su confianza. Es fundamental generar confianza en los mercados porque si los mercados creen que un país es insolvente, acabará siéndolo.

-¿Podemos llegar a la situación de Grecia o Italia?

-Los gobiernos, tanto estatal como autonómico, al igual que las familias o las empresas, deben demostrar solvencia y capacidad de repago de las deudas contraídas. Si no somos capaces de controlar el déficit o incurrimos en impagos por iliquidez o falta de presupuesto, los prestamistas -inversores y bancos- nos cerrarán el grifo del crédito y entraremos en el círculo vicioso en el que está inmerso Grecia o Italia. La mejor receta para evitar la crisis griega es la austeridad, no gastar más de lo que ingresamos y lo que gastemos hacerlo de manera más productiva y eficaz posible. Con independencia de su naturaleza social puesto que también las políticas educativas y sanitarias deben ser eficaces y austeras. En definitiva, priorizar el gasto público y hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, con integridad.

-¿Por qué debemos evitar el déficit y la deuda?

-Los déficits públicos son injustos porque generan deuda que hay que devolver en el futuro. Al endeudarse el sector público, reducimos las posibilidades de endeudamiento del sector privado ya que el ahorro disponible es escaso y limitado. Las cifras muestran un aumento sin precedentes del crédito a las administraciones públicas en perjuicio del crédito al sector empresarial. Además, estaremos hipotecando el futuro de nuestros hijos o nietos ya que tendrán que soportar mayores impuestos para devolver las deudas y poder mantener constante el mismo nivel de bienestar social. Las políticas keynesianas de compensar la caída de la demanda privada con un aumento de la demanda pública tienen sentido siempre y cuando no descontrolen el déficit o generen desconfianza en los mercados internacionales. Por ejemplo, en Canarias, toda inversión en comunicaciones (puertos, aeropuertos…) es altamente productiva. Vivimos en un territorio fragmentado, reducido y alejado de los grandes núcleos de población y producción, dependemos del turismo que nos llega por avión o barco, y por ello la inversión en infraestructuras del transporte es vital para nuestro desarrollo socioeconómico. Las políticas de gasto que abogan por generar deuda en época de crisis dejan de tener sentido cuando dependemos de la financiación ajena. Además, todos los que hemos tenido alguna responsabilidad pública sabemos que hay margen para ganar en eficiencia y eficacia en materia de gasto público.

-¿Necesitamos reformar la legislación laboral?

-La legislación laboral debe adaptarse a los cambios socioeconómicos de nuestra sociedad. Entre otras cosas, debemos asumir que difícilmente podremos nacer, estudiar, trabajar y morir en el mismo sitio. La falta de crédito, la toma de decisiones estratégicas erróneas o el surgimiento de un competidor o una innovación ponen en peligro la viabilidad de muchas empresas, o lo que es lo mismo, ponen en peligro muchos puestos de trabajo, especialmente si el coste del empleo es elevado. La reforma laboral debe simplificar la normativa en materia de contratos laborales, permitir acuerdos entre patronos y empleados a nivel de empresa siempre que preserven el empleo, reducir la brecha entre conocimientos adquiridos y los demandados por las empresas, erradicar el fraude, y fomentar la contratación de colectivos con especiales dificultades para encontrar empleo, todo ello sin descuidar que debemos favorecer la conciliación de la vida laboral con la familiar, eliminar la precariedad y la discriminación por razón de sexo. La reforma laboral es urgente puesto que las arcas públicas no aguantarán en el medio plazo un paro por encima del 22% en España, por suponer menores ingresos tributarios y más prestaciones sociales.

-¿Y qué hacemos con las cajas?

-Uno de los motivos por los que no se conceden créditos es porque los bancos y cajas españolas se encuentran con una situación crítica. La única solución es aflorar pérdidas mediante mayor transparencia y fomentar las fusiones y adquisiciones de tal manera que surjan grupos más solventes. En este proceso, acabaremos con cuatro o cinco grandes grupos formados indistintamente por cajas y bancos que pasarán a ser lo mismo. La pregunta clave es quién debe sanear los balances y asumir las pérdidas: el comprador o el Estado con el dinero del contribuyente. En mi opinión deben ser los bancos o cajas que adquieran a las cajas en dificultades. El Banco de España se ha dormido en los laureles en todo este proceso. Estamos tardando demasiado, lo cual está generando incertidumbre y afectando negativamente al coste de la financiación de hogares y empresas españolas. El nuevo gobierno tendrá que acelerar el proceso de reconversión y saneamiento del sistema financiero español. La banca tenderá a ser más cara para poder recuperar los márgenes de beneficios previos a la crisis.

-¿Qué hacemos con el sector público?

-El sector público tiene una estructura anclada en el pasado, excesivamente burocratizada, lenta y deficiente. En la actualidad conviven cuatro administraciones, estatal, autonómica, provincial o insular, local, que aspiran a ejercer todas las competencias y compiten entre sí para salir en la foto. Este sistema es inviable. Debería reducirse el número de ayuntamientos, mancomunarse servicios y redistribuir competencias para no duplicar esfuerzos. Sobran fundaciones y empresas públicas que surgieron en otro contexto económico. La ineficacia crea injusticias. La lentitud afecta a los ciudadanos y empresas hasta el punto de acabar con la viabilidad de proyectos empresariales. En consecuencia, es necesario reformar la administración pública. Los ejes de la reforma deben ser la transparencia, la simplificación administrativa y la eliminación de duplicidades. En cuanto a los servicios públicos fundamentales, debe reformarse el sistema de financiación de la sanidad y adaptar nuestro sistema educativo a las nuevas exigencias del mundo empresarial, sin olvidar los valores como el mérito y el esfuerzo. Creo que hay mucho margen de reforma en ambos casos. En sanidad, existe margen en materia de gestión de aprovisionamientos, política de recursos humanos, control de inventarios o en cuanto a la cooperación entre comunidades autónomas limítrofes. En educación, debemos combatir el elevado fracaso escolar y los bajos resultados en exámenes internacionales (PISA) dotando a los centros de mayor autonomía, concurrencia, autofinanciación, y adaptando los contenidos a las nuevas demandas empresariales, como idiomas y nuevas tecnologías.

Elecciones sin margen de maniobra

2011-11-04T04:46:00.000-07:00

Con ocasión de las próximas elecciones generales empieza el tira y afloja entre los partidos que se presentan. Cada partido se presenta como monopolio de la buena gestión y la defensa de los intereses de los ciudadanos. Mientras unos defienden la independencia insular o regional, otros argumentan la necesidad de tener estructura y capacidad orgánica a nivel nacional para afrontar los grandes retos. Pero no nos dejemos engañar, los problemas son de índole económica y financiera. Contamos con un diagnóstico profundo y las recetas son conocidas, asumibles y drásticas. Por tanto, no caben más improvisaciones, gestores inexpertos, sin formación o sin dedicación exclusiva, cuenta cuentos, planes exprés llenos de incoherencia o medidas populistas para ganar adeptos. La coherencia, el rigor, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la justicia y proporcionalidad deben ser las piedras angulares de toda acción de gobierno. El bagaje y la experiencia en resolución de crisis debe ser un requisito para participar en el futuro gobierno.

En mi opinión, la principal tarea del gobierno entrante debe ser generar confianza a las familias, los emprendedores, pymes y sobre todo a los siempre nerviosos mercados financieros. Confianza en que se tomarán sin excusas ni peros las medidas necesarias, justas, eficientes y eficaces. La austeridad presupuestaria (cumplimiento del déficit público) deber ser la prioridad absoluta ya que sólo así se podrá sostener el actual Estado de Bienestar. Tampoco darle a la maquinita de hacer dinero porque generaría inflación y la política monetaria hace tiempo que está en manos del Banco Central Europeo que prima sobretodo la estabilidad precios. En segundo lugar, la prioridad deber ser la mejora del crédito mediante el saneamiento del sistema financiero español. No vale con exigir la entrada de capital privado sino además hay que aflorar las pérdidas mediante una valoración realista de los balances. En tercer lugar, se debe acelerar el proceso de reformas estructurales, con prioridad en el ámbito de las administraciones públicas (distribución de competencias, simplificación administrativa, reducción del coste de la sanidad, educación y los servicios sociales) y el mercado laboral. Solo de esta manera conseguiremos recuperar el empleo en el largo plazo.

Por tanto, se trata de la legislatura de la austeridad y de las reformas. El nuevo gobierno se encontrará con situaciones conflictivas. Cada medida acaba con un privilegio y por tanto genera un descontento entre los afectados. La inminente necesidad de introducir racionalidad en el gasto sanitario o educativo chocará inevitablemente con los profesionales del sector. De igual manera, la eliminación de empresas públicas o fundaciones contará con la oposición de los altos cargos nombrados por partidos políticos que dejarán sus puestos de gerentes, directores, asesores o y empleados. No queda otra si queremos cumplir con las exigencias de nuestros acreedores. Son medidas impopulares pero inevitables para convencer a nuestros prestamistas de que contamos con un Estado de Bienestar sostenible en el largo plazo.

En cualquier caso, es imprescindible contar con la máxima transparencia para evitar injusticias, como lo fue la congelación de las pensiones o la rebaja del sueldo de los funcionarios. En definitiva, no podemos permitirnos un gobierno “a la griega” que se achique ante una amenaza de huelga o ante el temor a no salir reelegido. Después del anuncio de celebrar un referéndum para decidir si aplicar o no el plan de rescate, prácticamente se da por descontado la quiebra de Grecia. El siguiente podría ser Italia o España. Dependerá básicamente de que contemos con un gobierno estable, coherente, creíble, experto y que no le tiemble el pulso cuando haya que tomar decisiones en el ámbito económico, duras en el corto plazo pero imprescindibles para el futuro del país.

¿Tiene sentido la nueva bajada de rating a España?

2011-10-21T01:25:00.000-07:00

Esta semana conocíamos como la agencia de calificación crediticia Moody’s rebajaba la calificación (nota o rating) a la deuda española en dos escalones, tal y como lo había hecho la semana pasada su homólogo Fitch. Esto significa que comprar deuda pública española es más arriesgado que la semana pasada, y especialmente más que comprar deuda del estado alemán o francés. Según las agencias de calificación crediticia, el mayor riesgo se explica por la previsión de menor crecimiento económico para la economía española y la incapacidad de los gobiernos regionales para ajustar el gasto público y cumplir el objetivo de déficit público que marca Bruselas a los países que contamos con el Euro.

Para el que no lo conozca, el rating corresponde a una letra que indica la capacidad del deudor de hacer frente al pago de su deuda y por tanto informa sobre el riesgo que conlleva para el inversor el prestar sus ahorros a un tercero. Tanto las empresas privadas (bancos, cajas, grandes empresas) como las instituciones públicas (Cabildos, Comunidades Autónomas, el Tesoro español…) cuentan con la calificación crediticia de una o dos agencias de calificación crediticias. Cada agencia tiene una escala diferente además de contar con una nomenclatura distinta para diferenciar el riesgo de corto y largo plazo. El que conocemos por la prensa suele ser el de largo plazo.

La principal consecuencia de una rebaja de rating debería ser el encarecimiento de la financiación pudiendo elevar el coste de financiación hasta un nivel tan prohibitivo que impidiera financiar el gasto público y por tanto acudir inevitablemente a una reestructuración de la deuda (véase Grecia). Esto significa que donde pone que el Estado te iba a devolver 100 lo hará 100 menos un porcentaje o también denominado quita de tal manera que se reduce el nivel de deuda automáticamente aunque sea a costa de pérdidas millonarias de los inversores o financiadores del Estado de Bienestar. En este caso, la bajada de rating de la deuda española no ha tenido un impacto inmediato o significativo sobre el coste de financiación del Estado. Posiblemente porque ya está descontado en el mercado, al soportar la deuda española una prima de riesgo anormal, en torno a los 300 puntos básicos para el bono a 10 años alemán. Sin embargo, podría trasladarse con cierto retardo al sector privado, mucho más vulnerable, por ejemplo a las Cajas y Bancos y por ende empresas privadas, familias y autónomos.

¿Cómo valoran las agencias la deuda del gobierno canario? Utilizando la escala de la agencia Fitch, el gobierno canario y por tanto la deuda pública emitida por el mismo cuenta con la nota AA negativo. Entre las Comunidades Autónomas, sólo obtienen una nota mejor el País Vasco (AA+), la Comunidad Foral de Navarra (AA+), la Comunidad de Madrid (AA) y Aragón (AA). Para hacernos una idea, la deuda canaria es calificada como menos arriesgada que la del gobierno de Berlusconi (A+), la de Grecia (CC) o Portugal (BBB-).

Debemos tener en cuenta que las agencias no son auditores y por tanto no pueden meterse en la cocina de sus clientes para comprobar si los datos que son facilitados son los correctos. Por ello, los informes de las agencias de rating deben ser analizados con cautela, especialmente cuando se trata de movimientos en momentos de gran incertidumbre. A modo de ejemplo, no tiene sentido reciente bajada de rating para la Comunidad de Madrid cuando es una de las que menor déficit presenta y por tanto menor incremento de deuda plantea para el ejercicio 2011.

¿Podemos afirmar, como sugieren las agencias de calificación, que comprar deuda española sea más arriesgado que comprar deuda francesa o alemana? En mi opinión no conlleva un mayor riesgo la deuda española. La mayor prima de riesgo no responde más que a una apreciación de incapacidad del gobierno central para ajustar el gasto público, especialmente en el ámbito autonómico. Por tanto, el principal objetivo del gobierno saliente en las elecciones generales debe ser el ajuste y control del gasto autonómico para cumplir con el objetivo de déficit, siempre desde la lealtad institucional y la coordinación. Si no fuera así, podemos ir pensando en hacer las maletas como nuestros antepasados.

¿Deberíamos resucitarlo o hay vida sin el Impuesto sobre el Patrimonio?

2011-09-22T11:45:00.000-07:00

La semana pasada el Consejo de Ministros acordó resucitar el denominado Impuesto sobre el Patrimonio, eso sí con carácter temporal (2011-2012). Una medida controvertida ya que no hace mucho (agosto 2008) se suprimía con el argumento de que lo pagaban fundamentalmente las clases medias. Para mitigar dicho perjuicio sobre el ciudadano medio, se aumentan los umbrales a partir de los cuales se paga el impuesto (mínimos exentos), hasta 700.000 euros (antes 108.182), y para la vivienda habitual hasta 300.000 euros (antes 150.253).

Como nota introductoria, el Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto personal, que se calcula como el valor del conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que la persona física sea titular a 31 de diciembre de cada año, menos las cargas y gravámenes que disminuyan su valor y las deudas y obligaciones personales de las que deba responder. Dentro del patrimonio se incluyen por tanto, los depósitos, los títulos de deuda pública, las acciones y participaciones, embarcaciones, vehículos...

Según los datos del Ministerio de Hacienda en Canarias se presentaron en 2007 un total de 29.176 declaraciones por dicho impuesto que con una cuota media a ingresar de 1.656 euros permitía recaudar un total de 48,3 millones de euros. El Patrimonio promedio declarado en Canarias ascendió a los 798.863 euros por declarante, ligeramente por encima del nuevo umbral o mínimo exento. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, elevar el mínimo del valor patrimonial exento, supondrá una minoración en la recaudación en torno al 50% respecto a aquella registrada en 2007, suponiendo alrededor de 1.080 millones de euros a nivel nacional. Extrapolando la aritmética a los datos de las declaraciones presentadas por residentes canarios, el ejecutivo regional podría contar con un total de 24 millones de euros adicionales, el 1% del total de ingresos en concepto de impuestos, precios públicos y tasas.

¿Debería aplicarlo el ejecutivo autonómico en Canarias? Como norma básica, deberíamos agotar todas las posibilidades de reducción del gasto improductivo y no social antes de pedir un mayor esfuerzo a los ciudadanos.

Los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre registran el cumplimiento del objetivo de déficit por parte de de la Comunidad Autónoma de Canarias por lo que no cabe aplicar el impuesto si los motivos fueren únicamente el cumplimiento del objetivo de déficit.

De aplicarlo, no nos engañemos, ya que difícilmente podemos argumentar que estemos gravando de la manera más efectiva a las grandes fortunas, como ponen de manifiesto los informes del cuerpo nacional de inspectores de Hacienda (véase la tributación de las SICAVs). Por otro lado, al ser las Comunidades Autónomas quienes libremente deciden aplicarlo o no, se podría propiciar la fuga de fortunas entre regiones limítrofes.

Al margen de aplicarlo o no, en mi opinión Canarias debería seguir manteniendo un status de zona proclive al ahorro y la inversión, una zona de baja tributación y pocas trabas burocráticas a la inversión generadora de empleo. Es posible vivir sin el impuesto sobre el Patrimonio como así lo demuestra la Comunidad de Madrid, que no lo aplicará aún teniendo el mayor potencial recaudatorio por dicho impuesto.

En Canarias dependerá básicamente del grado de necesidad de contar con más recursos adicionales para mantener la calidad de los servicios públicos fundamentales.

Previsión y margen de maniobra

2011-09-18T04:56:00.000-07:00

La semana pasada el Ministerio de Economía y Hacienda publicaba los resultados del examen al que somete trimestralmente las finanzas de las Comunidades Autónomas, en aras de comprobar que cumplen con el objetivo de déficit y endeudamiento acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Si nos bajamos los datos en Excel desde la página web del Ministerio de Economía y Hacienda, unos simples cálculos apuntan para el conjunto de Comunidades Autónomas un déficit no financiero acumulado entre Enero y Junio que alcanza los 13.067 millones de euros, el 1,2% del PIB nominal.

Por tanto, a priori, los datos de ejecución pueden parecer aceptables, una décima por debajo del objetivo acordado. Desde una perspectiva histórica, aunque corta, observamos un comportamiento muy similar al ejercicio precedente en términos de ejecución presupuestaria, con el 47% de gasto y el 44% de los ingresos (derechos) ya reconocidos y por tanto computados a efectos de cómputo de déficit. Parece, por tanto, que las elecciones autonómicas no han tenido un efecto adelanto en el gasto en términos semestrales.

Por regiones, observamos que no todas las Comunidades Autónomas han aprobado el examen. Apenas aprueba la mitad, entre las que destacan las notas del País Vasco (con un superávit del +0,12% de su PIB), Aragón (-0,63%), La Rioja (-0,64%), Madrid (-0,70) y Canarias (-0,71%). Entre los suspensos más estrepitosos se encuentran los de Extremadura (-1,59%) y Castilla La Mancha (-4,16%), aún más graves si se demuestran las malas prácticas denunciadas por los gobiernos entrantes en cuanto a la contabilización de gastos.

En cuanto a Canarias, el déficit acumulado supone aproximadamente 307,5 millones de euros, habiéndose ejecutado el 46% del total del gasto y el 41,63% de ingresos, muy similar al resto de Comunidades Autónomas. Este aprobado en el primer parcial no debe ser excusa para que nuestro ejecutivo regional se relaje de cara al examen final en Diciembre. En mi opinión debería aplicarse aún más con el fin de contar con un margen de maniobra que permita cumplir con el objetivo acordado en el peor de los escenarios posibles, es decir, si hubiere errores en las previsiones de PIB nominal que hace gobierno central, si la recaudación empeorase, si las transferencias (tanto corrientes como de capital) no llegasen en la cuantía estimada, o si las circunstancias económicas nos obligasen a un incremento no previsto en el gasto. En cuanto a la previsión del PIB nominal, el Ministerio pronostica un incremento del 2,8% en 2011, similar al experimentado en el primer semestre del año, supuesto que debería estar bajo vigilancia por parte del ejecutivo regional.

En lo que resta de año, el ejecutivo canario tiene que acudir al mercado a solicitar 211 millones necesarios para refinanciar la deuda que vence este año así como 855,9 millones en concepto de nuevo endeudamiento de cara a poder financiar los gastos presupuestados pendientes de reconocer. Como hándicap, la prima de riesgo española continúa en niveles impropios y prohibitivos a pesar de las compras masivas de deuda española por parte del Banco Central Europeo. Esto puede poner en riesgo el crecimiento económico de la economía europea y española y por tanto el cumplimiento del objetivo de déficit no solo en Canarias sino en el resto de España.

¿Sacamos los ahorros de las cajas?

2011-07-29T00:00:00.000-07:00

Esta semana, con ocasión de mi participación en la entrañable tertulia de café de periodistas en Lancelot TV, me preguntaron sobre la solvencia de las cajas de ahorros canarias. En otras palabras, si corren peligro nuestros ahorros en dichas entidades.

Obviamente, aunque la marca Caja Canarias o Caja Insular se mantenga por algún tiempo, el poder de decisión se eleva a Madrid tras la integración. Además, el poder de decisión está en función del volumen de activos que se aporta por lo que los directivos cedidos o nombrados por Caja Navarra y Caja Sol llevarán las riendas en el caso de Banca Cívica, así como los directivos de Bancaja y Caja Madrid en BFA-Bankia.

Para el ahorrador canario, que tiene una cuenta de ahorro, un depósito a plazo fijo o participaciones en un fondo de inversión gestionado por alguna de las cajas de ahorros canarias, lo que debe preocuparle es la solvencia financiera de la entidad. De la misma manera que nos piden una nómina o un aval cuando nos conceden una hipoteca o activos y un proyecto viable para empresas.

La preocupación de las familias ahorradoras es lógica. Las cajas de ahorros, así como los bancos, concedieron hipotecas bajo criterios de riesgo muy laxos y financiaron la burbuja inmobiliaria. Además, a diferencia de los bancos grandes, las cajas de ahorros, sobre todo las pequeñas, soportan mayores costes por contar con un menor volumen de activos (garantías) o por su alta dependencia de la financiación mayorista (tienen que pedir prestado a otros bancos que ya están en situación crítica). Si además, sus directivos financiaron proyectos por mandato de los gobiernos regionales o partidos políticos, de escasa viabilidad económico-financiera, estamos ante un coctel molotov.

¿Cuál es la situación actual de los grupos bancarios donde se integran las cajas de ahorros canarias? Tanto BFA-Bankia como Banca Cívica han recibido fondos públicos para reestructurar, sanear y recapitalizar su balance, superado con éxito las pruebas de stress realizadas por el Banco de España. Por tanto, ninguna de las entidades financieras necesitaría una inyección pública de capital adicional en el caso de sufrir un deterioro patrimonial en un escenario económico-financiero adverso. Además, ambos grupos cotizan en bolsa desde la semana pasada, hecho que demuestra la confianza de los inversores en la situación financiera y patrimonial de las mismas. Es cierto que con un descuento del 70% sobre el valor contablemente. Pero así funcionan las cosas, el inversor impone un descuento en el valor contable de la acción (la compra más barata que su valor teórico), para alcanzar una rentabilidad mínima (por encima del 10%) en base a un escenario o previsión de beneficios futuros (a la baja).

Por último, ¿existe algún riesgo que pueda materializarse en el medio plazo? Para tranquilidad del ahorrador pequeño y mediano, el denominado Fondo de Garantía de Depósitos asegura los depósitos hasta 100.000 euros y los ahorros depositados en valores e instrumentos financieros por igual importe. Si fuera necesario, en última instancia, contamos con el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que aportaría el capital necesario para cumplir con los criterios exigidos de solvencia o solventar eventuales problemas de liquidez. En el peor de los escenarios, BFA-Bankia es demasiado grande para dejarla caer, con 13% de cuota de mercado, que junto a SCH, BBVA y Caixa acaparan el 54% del sistema financiero español.

Si bien no debemos temer por nuestros ahorros, tenemos todo el derecho a exigir responsabilidades a los gestores de dichas entidades. Somos todos los contribuyentes los que tengamos que asumir las pérdidas y la mala gestión otros que disfrutaron de suculentos bonus en la época de vacas gordas e hipotecas a tutiplén. Como siempre, la clase media siempre paga los platos rotos en este país.

¿Tiene razón el inversor de deuda española?

2011-07-22T03:04:00.000-07:00

Estos días hemos visto como los mercados castigaban a nuestro querido país vecino Italia y como la prima de riesgo que paga el gobierno español alcanzaba máximos históricos desde la entrada en el Euro en el año 1999. El miércoles pasado el tipo de interés que ofrece un bono del Estado español superó en 347 puntos básicos el tipo de interés que ofrece el Estado alemán a un plazo de 10 años. Una rentabilidad del 6,16% del bono español a 10 años cuando se supone que tiene un riesgo de impago igual a cero.

¿Qué factores están detrás de dicho movimiento al alza de la prima de riesgo? ¿Tiene fundamento económico que los inversores pidan al gobierno español, y por ende a los españoles, una rentabilidad tan onerosa respecto a Alemania? Es cierto que algo tendrá que ver la incertidumbre sobre el rescate de Grecia, aunque ésta no afecte a Francia o Alemania en la medida que a España. Sin embargo, no es descabellado pensar que los inversores tienen serias dudas sobre el devenir de la economía española. El inversor comienza a dudar del espiral de deuda española en la medida que financia con sus ahorros, buscando máxima rentabilidad, el déficit público (de gobierno central, comunidades autónomas y corporaciones locales), la restructuración del sector bancario español (mediante el FROB), el déficit tarifario de las eléctricas (a través del FADE), los préstamos a PYMES del ICO, o la actividad crediticia de la banca española

El inversor exige mayor rentabilidad a España porque anticipa factores de riesgo adicionales que pueden poner en peligro sus ahorros. Por ejemplo, un ajuste drástico en los precios de la vivienda que todavía no han bajado lo suficiente para reducir el stock de vivienda libre existente, pérdidas significativas en los balances de las entidades financieras, la situación política de pausa sin reformas de calado, un insuficiente ajuste presupuestario debido a unos ingresos ficticios, o la elevada cifra de paro que presiona al alza la morosidad y mantiene el consumo en estado vegetativo.

El inversor se preocupa, como es lógico, por la situación de solvencia y capacidad de devolución de préstamos del prestatario. Pues bien, la evolución de la deuda depende, básicamente, de tres componentes: el déficit primario (excluyendo el pago de intereses), el incremento del PIB y los tipos de interés reales. En la actualidad, los tres factores juegan en contra de España: el déficit altísimo en términos históricos, el PIB no crece porque no aparecen los famosos brotes verdes y los inversores exigen tipos de interés más altos al ver la avalancha de deuda en los próximos años.

En estas circunstancias, la única vía para tranquilizar al inversor pasa por emprender fuertes ajustes en el gasto. Una actitud pasiva en este sentido sería suicida. Si la prima continua aumentando, como en el caso de Portugal o Grecia, el Estado español tendrá que ofrecer una rentabilidad superior a la actual para poder refinanciar la deuda y financiar los déficits futuros. Por tanto, los principios de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria son fundamentales para evitar el colapso de la situación económico-financiera de la administración pública, y por ende de empresas y familias.

La recién entrada en vigor Ley 2/2011, de 16 de junio, de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Galicia, tiene como finalidad el establecer un marco normativo de principios austeros, control y transparencia que permita garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de las finanzas públicas del gobierno regional de Galicia. En su articulado se establece una medida en la dirección correcta: fijar un techo de incremento de gasto para reducir la deuda en época de bonanza y contar así con mayor margen de maniobra para afrontar las futuras situaciones de crisis económica y por tanto de ingresos públicos. La Comunidad de Madrid también plantea un déficit muy inferior al que podría disfrutar según los acuerdos con el Ministerio de Hacienda. Espero que el Gobierno de Canarias tome nota de las mejores prácticas.

Política de gestión del patrimonio

2011-07-08T08:00:00.000-07:00

Las administraciones públicas deberían replantearse seriamente una reorientación de su política de gestión del patrimonio con el fin de generar ahorro permanente y ganar en productividad laboral. Al respecto, esta semana los medios de comunicación recogían el plan de medidas urgentes de ordenación del sector público planteado por el gobierno de Andalucía. En concreto, la Junta de Andalucía aprobó a finales del año pasado el Decreto-Ley 6/2010 que introduce un nuevo artículo (88.bis) en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el cual se habilita al gobierno regional a acordar la enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma con reserva del uso temporal de los mismos cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés público.

En otras palabras, la Junta de Andalucía realizará una operación que en el argot económico se conoce como sale & leaseback, es decir, venta con derecho a arrendamiento. Este tipo de operaciones son frecuentes en otros países europeos, tanto en el sector público como privado. Consiste básicamente en que un propietario vende un bien inmueble (por ejemplo edificios, o parque de vehículos…) y el comprador a su vez cede al vendedor el derecho de arrendamiento y el derecho de opción de compra, en un periodo de tiempo concreto. Dicho de otra manera, la Junta de Andalucía pasaría a ser el arrendatario con derecho a recompra por el valor residual del bien, cumplido el periodo que se fije en el contrato. Por tanto, pasaría de pagar el mantenimiento del edificio a pagar sólo un alquiler.

La medida de ahorro anunciada por Junta de Andalucía no es nada descabellada. El compromiso firme por cumplir con el objetivo de déficit junto con la voluntad de no mermar la calidad de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación…) obliga a buscar alternativas como ésta a los gobiernos regionales. Como única condición, el valor actual del coste de alquiler deberá ser significativamente inferior al valor actual del ingreso en efectivo por la venta más el ahorro generado por un menor gasto en mantenimiento del inmueble a lo largo de la vida útil del mismo. Para el comprador la operación será rentable en la medida en que el alquiler que recibe supere el coste de financiación de la compra del bien inmueble.

Idealmente, este tipo de operaciones deberían haberse realizado durante el boom inmobiliario ya que la venta hubiese reportado mayores recursos a la administración pública. Aunque dependerá de cada bien inmueble (localización, accesos, estado, tamaño…), el precio de salida en una subasta de edificios estará con toda probabilidad en el rango bajo básicamente por el hundimiento del crédito al sector inmobiliario y las malas perspectivas de crecimiento de ingresos futuros para el comprador (de los alquileres).

Pocas veces con tan poco se consigue tanto. Se puede generar ahorro por el mero hecho de pasar de ser propietario a arrendatario del inmueble. La venta podría incluso generar recursos a corto plazo para comprar edificios administrativos más acordes con los estándares de seguridad laboral y calidad laboral, por tanto la productividad del empleado público.

Sin embargo, en mi opinión, no sólo gobiernos regionales sino Cabildos y Ayuntamientos, deberían plantearse una reorientación de su gestión del patrimonio. Se trata generar ahorro, eficiencia y productividad en un contexto en el medio plazo de austeridad en el gasto marcado por unos menores recursos y los compromisos adquiridos en materia de déficit.

Estamos en economía de crisis y por tanto hay cosas que ya no se sostienen. Sino que les pregunten a las familias que se han tenido que desprender de bienes queridos para generar ahorro y llegar a final de mes.

Nuevos ajustes presupuestarios

2011-06-21T08:00:00.000-07:00

Esta semana la prima de riesgo española superaba la barrera de los 270 puntos básicos, lo que implica que el gobierno español tiene que ofrecer 2,7 puntos porcentuales por cada punto porcentual que ofrece el gobierno alemán a aquellos inversores que tengan interés en financiar nuestro déficit mediante la compra de un bono a devolver en 10 años. Quedando por solicitar a los mercados alrededor de 200.000 millones de euros por parte de las administraciones públicas, 270 puntos básicos que paguemos de más sobre Alemania son un verdadero lastre para la economía española.

La prima de riesgo española no refleja únicamente las dudas sobre un acuerdo para salvar a Grecia sino que además recoge el grado de desconfianza de los mercados respecto a la capacidad del gobierno central de cumplir con el déficit máximo permitido del 6% del PIB para el conjunto del sector público español (del 1,3% para las Comunidades Autónomas). Al margen de la ausencia de reformas estructurales de calado, los mercados desconfían de las finanzas públicas del ámbito autonómico. Los mercados recuerdan el déficit heredado y superior al anunciado en Cataluña así como las declaraciones del Consejero de Hacienda de dicha comunidad, poniendo de manifiesto la imposibilidad de cumplir con el objetivo de déficit con los recursos actuales. Este mensaje ha sido demoledor para la economía española, entre otras cosas porque Cataluña representa el 42% del total del déficit del conjunto de las Comunidades Autónomas para 2011, seguido de Andalucía (14%) o Generalitat Valenciana (7%). Por tanto, dado su peso, cualquier desvío de Cataluña, con mucha probabilidad, supone un desvío del conjunto de Comunidades Autónomas. Por ello, esta declaración está salpicando a las Comunidades Autónomas más aplicadas que se sitúan en el centro del huracán, como la oveja negra del sector público español.

Veremos que ocurre en las regiones donde ha habido un cambio de gobierno como son Baleares, Extremadura, Cantabria, Asturias, Aragón o Castilla La Mancha. Los mercados son asimétricos en la medida que magnifican los mensajes negativos y minimizan los positivos. Pero en todo caso, esperan mensajes de seriedad y austeridad. Aunque no solucionen el problema del déficit, se están dando pasos contundentes en las Comunidades Autónomas donde ha habido cambio de gobierno. En Baleares, el nuevo gobierno popular contará con tan solo seis consejerías (el gobierno canario tenía 10) así como 31 direcciones generales en vez de 66 que tenía el anterior gobierno. En Castilla-La Mancha, se el equipo de Cospedal plantea una reducción del 60% en los altos cargos, la eliminación de determinadas instituciones que ya existen en el ámbito nacional, y por tanto duplican esfuerzos (Comisión de Defensa de la Competencia, Consejo Económico y Social o El Defensor del Pueblo), acompañado de bajadas de impuestos (tramo autonómico del IRPF, bonificación del 99% en sucesiones y donaciones, y reducciones en tipos en transmisiones patrimoniales).

Después de conocer estos recortes significativos en la estructura orgánica lo primero que se me pasa por la cabeza es: ¿Cómo es posible reducir un 60% el número de altos cargos? ¿Cómo es posible funcionar con tan solo 6-7 consejerías? Lo mismo se planteo en el gobierno canario antes de la ruptura del pacto y a algunos que perdían la silla no les pareció oportuno…Parece evidente que la administración está sobredimensionada.

Estas medidas, si bien tranquilizan a los inversores, son insuficientes para eliminar cualquier duda sobre las finanzas autonómicas. Como hemos apuntado, el objetivo de déficit seguirá incumpliéndose si no se arregla el problema catalán. En definitiva, se trata de ser capaces de ofrecer un adecuado servicio público con menos recursos. Ni más ni menos que lo que están haciendo las empresas, autónomos y familias españolas.

Claves del decretazo de la negociación colectiva

2011-06-14T08:00:00.000-07:00

Este fin de semana entro en vigor el Real Decreto-Ley (decretazo) de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva con el objetivo de posibilitar a las empresas negociar condiciones laborales distintas a las impuestas por convenios vigentes de ámbito sectorial o regional, así como agilizar y dinamizar la negociación de los convenios que vencen, y por último mejorar la información estadística y seguimiento de los mismos.

Como mayor novedad, se da prioridad a la aplicación del convenio de empresa en relación al sectorial en materia de salario base y complementos salariales; retribución de horas extras y de trabajo a turnos; horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y planificación de vacaciones; adaptación de la clasificación profesional; adaptación de las modalidades de contratación; y medidas para la conciliación de vida y trabajo.

La modificación normativa deja insatisfecho a todo el mundo, especialmente a las asociaciones de empresarios, pero también a las organizaciones sindicales. Mientras el Ministerio de Trabajo e Inmigración habla de una reforma profunda, equilibrada y avanzada, la mayoría de los expertos con reconocido prestigio coinciden en tildar la reforma de la negociación colectiva como decepcionante. La clave está en el apartado 2 del artículo 83 que establece que las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o autonómico, podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito. En otras palabras, los convenios colectivos de ámbito sectorial o provincial pueden impedir la posibilidad de modificar las condiciones laborales a nivel de empresa. Por tanto, serán necesarias modificaciones en vía parlamentaria para que el Real Decreto-Ley pueda tener efectos sobre la flexibilidad interna a nivel de empresas.

Es verdad que el mercado laboral español se caracteriza por la existencia de numerosos convenios colectivos (principalmente provinciales y sectoriales) donde se fijan las condiciones laborales por un periodo relativamente largo. Con este marco regulatorio, cuando llega una situación de crisis las empresas se ven incapacitadas para modificar las condiciones laborales viéndose obligadas a despedir antes que mantener el empleo con condiciones diferentes. Sin embargo, la reforma de la negociación colectiva es necesaria pero no suficiente para facilitar la adaptación de las empresas al ciclo económico. Sin confianza, sin recuperación, sin crédito, sin talento, sin la adecuada formación (baja productividad), sin la adecuada tecnología, sin diversificar al exterior, sin facilidades por parte de las administraciones para emprender, pocas empresas sobrevivirán en un entorno cada vez más global y competitivo.

Por último, no podemos argumentar, como pretenden las organizaciones sindicales, que una mayor flexibilidad origine unos salarios menores. Por ejemplo, la adaptación puede ser en términos de jornada laboral. Es más, los salarios tan bajos en España, son el resultado de una mayor tasa de paro estructural, un exceso de jóvenes universitarios, una infravalorada formación profesional, y un distanciamiento enorme entre lo que se enseña y lo que se necesita para emprender o trabajar. Por tanto, si se elimina la condicionalidad descrita en el artículo 83 estaremos dando un balón de oxígeno a las empresas para que puedan reorganizar sus recursos humanos y evitar así la destrucción de empleo. Sin embargo, crear empleo son palabras mayores.

Las autonomías a examen

2011-06-07T08:00:00.000-07:00

¿Cumplirán los gobiernos regionales con el techo de déficit marcado por Bruselas?

Para empezar, si comparamos el presupuesto ejecutado (compromisos de ingresos y obligaciones de pagos) en 2010 con el presupuesto previsto para 2011, se observa un raquítico ajuste del gasto autonómico (0,4%) junto con un significativo descenso en los ingresos (2,9%). Es más, incomprensiblemente se contempla un incremento del gasto corriente en seis regiones (Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, La Rioja, Aragón y Cataluña).

Si no se corrige el presupuesto inicial, con nuevos recortes de gasto, el déficit para el conjunto de comunidades autónomas alcanzará el 1,6% del PIB autonómico, tres décimas por encima del objetivo marcado por Bruselas. Según los presupuestos presentados para 2011 únicamente cinco gobiernos regionales cumplirían estrictamente con el objetivo de déficit (Galicia, Madrid, Murcia, Valencia y País Vasco).

Las cifras de ejecución presupuestaria no indican una corrección a la baja en el gasto. Entre enero y marzo el conjunto de comunidades autónomas reconoció el 21,8% del gasto previsto para todo el 2011, y el 19,7% de los ingresos. Esto supone un déficit en el primer trimestre de 4.995 millones de euros, el 30% del total de déficit previsto para todo el año 2011.

Parece por tanto que los consejeros de hacienda de los gobiernos regionales no están logrando frenar la inercia en el gasto del conjunto de los gobiernos. Por otro lado, la evolución de los ingresos tributarios en los primeros meses del año muestra una significativa desviación a la baja (menos ingresos de los previstos). De continuar así, se incumplirá en mayor medida el objetivo de déficit.

Esta situación debe hacer reflexionar al Ministerio de Economía y Hacienda dado que un incumplimiento de objetivo de déficit agravaría la situación de cierre de mercados para las empresas españolas, y encarecería el crédito para algunas administraciones públicas de manera significativa. Sería injusto meter en el mismo saco a todos los gobiernos regionales al igual que lo fue incluir a España en el grupo de los llamados PIGS. Para ser justos, la Comunidad de Madrid es el ejemplo a seguir si cumple con su previsión inicial de déficit del 0,13% del PIB regional, muy por debajo del objetivo de déficit.

Las recetas en el ámbito autonómico son bien conocidas: mejorar la gestión e incrementar la cooperación autonómica en el ámbito sanitario y educativo, reducir el gasto superfluo, y eliminar todas las duplicidades y solapamientos existentes en los diferentes ámbitos del Estado.

En definitiva, una reforma en profundidad del sector público. Para ello, es indispensable contar con un Estado central que lidere y premie a quien hace los deberes. Se trata de un problema común dado que los inversores no discriminan entre aprobados y suspendidos. El posible incumplimiento del objetivo de déficit por parte de Cataluña se trasladaría automáticamente al resto de gobiernos regionales, incluidos los más aplicados con mejores notas. A medida que avanza el año veremos si hay sorpresas positivas.

Fondo de rescate para las autonomías

2011-04-18T08:00:00.000-07:00

Algunas comunidades autónomas están encontrando serias dificultades de acceso al crédito, en gran medida como consecuencia de que muchas de ellas han rebasado el techo de déficit permitido por el Ministerio de Economía y Hacienda. Prueba de ello, la Generalitat de Cataluña fracasó la semana pasada en su intento de colocar a inversores 300 millones de euros en bonos a dos años.

Las comunidades autónomas compiten no solamente entre sí, sino con el resto del sector público español (Tesoro, corporaciones locales, ICO, FROB, FADE) y las propias entidades financieras españolas. En suma, las necesidades de financiación del sector público español para 2011 suponen cerca de 200.000 millones de euros, lo que equivale al 19% del PIB. Por su parte, las comunidades autónomas prevén un volumen de ingresos financieros de aproximadamente 25.000 millones (15% del total de ingresos), de los cuales 5.700 millones irán a amortizar deuda, y 4.000 millones, a sufragar gastos financieros.

Paradójicamente, mientras el Tesoro español está captando financiación en los mercados sin demasiados sobresaltos, el mercado para emisiones de deuda pública autonómica continúa prácticamente cerrado desde abril de 2010. Desde entonces, las autonomías han recurrido a colocaciones privadas a inversores individuales en cuantías reducidas, a la financiación bancaria vía préstamos sindicados o, en el peor de los casos, a bonos patrióticos. Existe, por tanto, una restricción financiera significativa para las regiones.

En algunos casos, las dificultades de acceso a la financiación podrán superarse mediante una estrategia de comunicación y marketing con inversores, donde se destaquen las fortalezas económico-financieras y macroeconómicas de la región en cuestión, así como mediante un importante ejercicio de transparencia sobre gestión financiera y presupuestaria. Pero es difícil, no obstante, que solo con la estrategia de diferenciación y transparencia nuestro sistema de financiación autonómica pueda captar todos los recursos que necesita en los próximos años. La restricción financiera será mayor en función del volumen -absoluto y relativo- de las necesidades de financiación, la apelación al crédito en el pasado -saturación de mercados-, la capacidad de generar ahorro bruto positivo, la estructura, nivel y coste de la deuda, el calendario de amortizaciones o las previsiones macro.

Llegado el peor de los escenarios, con el riesgo de mermar la confianza en la economía española, tendríamos que contar con un plan B, en forma de solución cooperativa. ¿Qué puede hacer el Gobierno central para mitigar los efectos perniciosos para la economía española derivados de una restricción crediticia prolongada en el tiempo en el ámbito autonómico? En nuestra opinión, podría plantearse como solución la constitución de un Fondo de Estabilización Financiera que permitiera financiar en condiciones de mercado los déficits autorizados. El fondo podría comprar directamente las mismas, apoyar con préstamos o avalar emisiones. Como hace el FROB, el fondo de rescate estaría constituido por aportaciones del Tesoro y podría financiarse en los mercados de capitales.

El fondo de rescate debería contar con una capacidad inicial de respaldo de 55.000 millones (el 5% del PIB), que supone el volumen de endeudamiento nuevo y las amortizaciones previstas para el periodo 2011-2013, en base a la senda de consolidación fiscal marcada por el Ministerio de Economía. Dicho apoyo financiero debería tener un carácter temporal, por ejemplo para emisiones o vencimientos de deuda hasta 2013. El apoyo debería estar condicionado al cumplimiento de un plan de reequilibrio bajo un exhaustivo control presupuestario, máxima transparencia y un régimen sancionador en caso de incumplimiento. Como el objetivo debe ser facilitar el acceso al crédito, y en ningún caso subvencionar las condiciones de financiación, las condiciones financieras ofertadas por el fondo deberán tener un recargo sobre el precio de mercado.

Pero no nos engañemos, se trata de una solución parcial y temporal. En el medio plazo se hace irrenunciable una reducción sin precedentes del coste de mantenimiento y funcionamiento de las grandes políticas de gasto, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Toca ajustarse el cinturón como el resto de mortales

2011-03-31T08:00:00.000-07:00

Como ya pasa con los hogares, las pymes y los autónomos, algunas Comunidades Autónomas tendrán serias dificultades para refinanciarse en los próximos años. Éstas, que tienen autorización para endeudarse en los límites que marca la canciller alemana Ángela Merkel, compiten en la captación de recursos con el resto del sector público español en un entorno financiero complejo. Solamente en 2011, las necesidades de financiación del sector público autonómico suponen 26.000 millones, de los cuales 880 millones serán demandados en los mercados por el Gobierno de Canarias.
A pesar de contar con la posibilidad de recurrir al endeudamiento para cubrir el coste de la administración autonómica, el mercado para emisiones de deuda pública autonómica continua prácticamente cerrado desde abril de 2010, de modo que las Comunidades Autónomas se han visto obligadas a recurrir a colocaciones privadas, en el mejor de los casos, a la financiación bancaria tradicional (préstamos sindicados), o en el peor de los casos, a bonos patrióticos con suculentas comisiones para la banca regional (véase Cataluña, Valencia o Baleares).

Es evidente que el crédito tampoco es ilimitado para la administración pública autonómica. El grado de dificultad para captar financiación será mayor cuanto mayor sea el volumen demandado (absoluto y en términos de ingresos), mayor el riesgo en circulación (papel emitido en el pasado), menor la capacidad de generar ahorro, cuanto más exigente sea el calendario de amortizaciones o peores perspectivas macroeconómicas de la región (por tanto de los ingresos). Del análisis de los presupuestos para 2011, la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en una posición relativa muy favorable con respecto al resto en dos aspectos, por disfrutar de un nivel de endeudamiento por debajo de la media en términos de ingresos no financieros (64% frente a 91%), y por cumplir el déficit máximo permitido. Ambos indicadores tranquilizan a los acreedores. Únicamente tenemos un punto negro: la elevadísima tasa de paro, que reprime el consumo y merma los ingresos públicos.

El Ministerio de Economía debería tener presenta la posibilidad de que alguna Comunidad Autónoma no logre financiar el déficit, circunstancia que afectaría al resto de Comunidades y a la confianza en la economía española. Por ello, debería plantearse la constitución de un Fondo de Estabilización. El Fondo podría ponerse en marcha inicialmente con una capacidad de respaldo de 10.000 millones, que supone aproximadamente el 1% del PIB y el 25% del nuevo endeudamiento autorizado a las Comunidades Autónomas para el periodo 2011-2013. El apoyo del Fondo podría restringirse para hacer frente a emisiones de deuda hasta 2013. Además, debería estar condicionado a un duro ajuste en el gasto, por ejemplo mediante un menor déficit permitido para aquellas Comunidades Autónomas que recurran al Fondo.

Pero no nos engañemos, se trata de una solución parcial y temporal. En el medio plazo la deuda no puede crecer de manera infinita. Por ello, por mucho que nos pese es irrenunciable una reducción drástica en el coste de funcionamiento de las grandes políticas de gasto (sanidad y educación). Si la economía no levanta cabeza y no mejoran los ingresos tributarios, será cuestión de reducir prestaciones o incluir regímenes de copago por ejemplo en la sanidad. En definitiva, al sector público le toca ajustarse el cinturón como el resto de mortales.

IVA vs bajada de gastos

2010-03-18T14:05:00.000-07:00

Esta semana el debate económico y político se ha centrado en la conveniencia o no de subir el IVA en plena crisis económica. Existen dos versiones. El Gobierno de Zapatero, que defiende que la subida es ineludible para cumplir con Europa y mantener el gasto social, y la oposición de Rajoy que plantea que es posible cumplir con Europa mediante un recorte de gastos innecesarios sin subir impuestos para no dañar más la maltrecha situación de la mayor parte de los hogares españoles.

Para cumplir con Europa, el gobierno de Zapatero debe ajustarse el cinturón (como las familias y empresas españolas) y reducir la diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta cada año. Para conseguirlo, existen dos vías. La primera, subir impuestos a costa de los ciudadanos. La segunda, reducir gastos sin tocas el bolsillo de los contribuyentes.

En un contexto de crisis sin precedentes es totalmente contraproducente subir impuestos. En el caso de subir el IVA (el IGIC en Canarias) el consumo se vería afectado de manera negativa, cuando es un factor que está bajo mínimos por la cifra record de parados y la incertidumbre de los trabajadores por perder su empleo en el futuro. Es más, una subida del IVA eleva el precio de la cesta de la compra de toda familia y encarece a España como destino turístico. Incluso podría provocar una disminución de ingresos públicos por el aumento del fraude, como ocurrió en la crisis de principios de los 90s. El IVA afecta además a la mayor parte de nuestras acciones diarias. Se paga IVA por coger la guagua, almorzar en un restaurante, viajar en avión, entrar a un teatro, llamar con el móvil, y comprar alimentos o medicinas.

Para mayor agravio, el IVA es un impuesto denominado regresivo puesto que no tiene en cuenta el nivel de renta o el status de la persona que compra. Al ser un porcentaje sobre el precio de compra, será mayor el agravio en términos relativos para la persona con menos recursos. Pagar unos euros por hablar por el móvil o comprar carne y huevos será más gravoso para una mileurista que para un alto cargo del Gobierno. Por tanto, es absolutamente reprochable que Zapatero diga que la subida del IVA es para ayudar a los más necesitados, cuando dicha subida afecta en mayor medida a las personas con menores ingresos.

Pero además, Zapatero no tiene legitimidad para subir impuestos a para compensar a los más necesitados cuando eliminó sin temblarle el pulso el impuesto sobre el patrimonio (que únicamente pagaban las grandes fortunas), concedió avales a la gran banca, ayudó al sector del automóvil o plantea un recorte en las pensiones mediante el aumento de los años para el cómputo de la pensión. Por tanto, menos propaganda barata. Como es posible que se planteen subidas de impuestos cuando no se gestionan de manera eficiente los recursos público actuales. Como es posible que nos vendan la moto de subir impuestos cuando sobran ministerios, altos cargos, asesores, vicepresidentes, empresas públicas…

El Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, ha dejado claro que no subirá el IGIC. Es una decisión muy acertada y que debe servir como ejemplo de política económica para el Gobierno de Zapatero y su equipo económico. Más aún cuando los tipos impositivos del IGIC en Canarias son inferiores a los tipos impositivos del IVA en la península. Pero desgraciadamente, la subida del IVA nos afectara indirectamente dado que encarecerá el coste para la familia española que quiera hacer turismo.

Por fin noticias positivas para Canarias

2010-03-04T15:16:00.000-08:00

Mientras los mercados ponen en entredicho la capacidad de todo un país como Grecia para devolver los fondos que recibió para financiar su gasto, los inversores han dado un espaldarazo a la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) mediante la compra de la deuda pública emitida por la Consejería de Economía y Hacienda durante la mañana del martes.

El importe fue de 620 millones de euros a un plazo de 20 años con un cupón del 4,929% que será el coste anual para el presupuesto autonómico a la vez que la rentabilidad que obtiene el comprador por cada euro invertido. Entre los inversores, la mayor parte bancos (65% del total), aseguradoras (12%), fondos de inversión (6,5%) y el 14% Cajas de Ahorro y otras instituciones financieras.

La operación ha sido todo un éxito, desde el punto de vista de la ejecución, los tiempos de ejecución y el marketing, dicho no sólo por quien les narra como coordinador de la emisión, sino por los bancos encargados de la venta de los bonos (Santander, BBVA, Societe Generale y Calyon) y todo el mercado en general. El éxito viene determinado por el exceso de demanda por parte de los inversores. A tal efecto, recibimos demandas de compra de nuestros bonos por un total de 1.000 millones de euros cuando nuestro objetivo era de 620 millones. Como anécdota importante, se trata del mayor volumen de órdenes de compra por parte de los inversores registrado en las emisiones realizadas desde comienzos de año por las Comunidades Autónomas (CCAAs).

Para mayor éxito, el 29% de los bonos se compraron por inversores extranjeros, inversor mucho más cauto que el español puesto que conoce en menor el sistema de financiación y por ende la distribución del gasto entre las diferentes administraciones españolas (Estado, Comunidades, Cabildos y Ayuntamientos). Mayor éxito si consideramos el entorno de mercado en que nos encontramos, con todas las miradas puestas sobre Grecia y los denominados países periféricos (PIGC) entre los que se encuentra España, por tanto todas las demandas de financiación que provengan del sector público, empresas y familias españolas.

¿Por qué deciden los inversores comprar bonos de la Comunidad de Canarias y no esperar a comprar bonos de la Comunidad de Baleares, del ICO, del FROB o del Gobierno de España? Para responder a la pregunta debemos tener en cuanta los siguientes aspectos. En primer lugar, los inversores prefieren comprar bonos de países de renombre internacional en términos macroeconómicos como es Alemania (primer exportador mundial) y tienen reticencia a invertir en países de mayor riesgo como son España, Grecia, Portugal o Irlanda. En segundo lugar, los inversores prefieren invertir en países y grandes empresas antes que en Comunidades Autónomas. Por ello, grandes empresas como Banco Santander, BBVA, Endesa, Telefónica, Iberdrola o instituciones estatales como el ICO, el FROB o el Gobierno de España se ven obligados a pagar un menor precio por la venta de sus bonos. En tercer lugar, los inversores tienen topes máximos y una disponibilidad de fondos limitada para concentrar su riesgo e invertir en cada por país y en cada administración pública. En cuarto lugar, las necesidades de financiación son de una magnitud que el inversor tiene muchas alternativas para colocar su dinero, con ello poder de exigir una rentabilidad mínima. Para hacernos una idea, las comunidades autónomas tienen unas necesidades de financiación para el 2010 de 40.000 millones de euros mientras que el Estado 211.477 millones.

Respondiendo a la pregunta, los inversores no tienen motivos para invertir en Canarias. Lo hace por que les convence. Compran bonos de la Comunidad Autónoma de Canarias porque prevén una recuperación, porque el Gobierno les trasmite seriedad y confianza, por la buena labor de marketing, las perspectivas macroeconómicas, pero sobretodo por la ejercida disciplina presupuestaria y la adecuada política económica del Gobierno de Canarias.

Los inversores conocen que el Gobierno de Canarias no aprovecha una subida del IVA para subir el IGIC, aun contando con una menor fiscalidad. Este aspecto muestra por sí solo que Canarias cuenta con margen de maniobra y con una política austera del gasto. Los inversores aprecian que el Gobierno de Canarias es capaz de tomar medidas necesarias, dentro de su margen competencial, aunque conlleve un coste político. Mientras el gobierno central negaba la crisis, retrasando la toma de medidas, la consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias puso en marcha en Abril de 2008 un plan de dinamización con rebajas de impuestos. Y los inversores saben que Canarias forma parte de la minoría de CCAAs que cumplieron con los criterios de estabilidad marcados desde el Ministerio de Economía. Por último, las perspectivas para Canarias empiezan a ser positivas tras conocerse los últimos datos macro (ventas de vehículos, pernoctaciones turísticas y capacidad aérea).

El crédito cada vez más un lujo

2010-02-19T00:00:00.000-08:00

El difícil acceso al crédito junto con el elevado número de parados continua siendo el principal lastre para el consumo y la inversión en España y por ende en Canarias. Aunque queramos ver brotes verdes en el horizonte, la recuperación no vendrá hasta que el crédito fluya con normalidad y se comience a crear empleo de forma sostenida.

El crédito sigue siendo caro, a pesar de la bajada del Euribor, y de muy difícil acceso para la mayor parte de las familias, autónomos y empresas. Las dificultades de acceso al crédito parecen ser mayores en España que en el resto de países europeos. Prueba de ello, eta semana el Banco Central Europeo publicó los resultados de la encuesta que elabora semestralmente sobre las dificultades de financiación a las que se enfrentan las PYMEs. Como resultado, mientras en Francia únicamente el 7% de las peticiones de financiación son rechazadas por la banca, o en Alemania el 15%, en España el porcentaje alcanza el 25%. Además, el sondeo refleja que las condiciones de financiación en la segunda mitad del 2009 fueron algo menos duras que en el semestre anterior en el ámbito europeo. Sin embargo, en España la mejora es inapreciable, incrementándose el rechazo de las operaciones del 20% al 25% de las solicitudes. A nivel canario, la CEOE de Tenerife difundía los resultados de la encuesta que se ha efectuado a 240 pymes, emprendedores y autónomos. Como principal mensaje, el 70% perciben restricciones de crédito. Únicamente el 57% solicitó préstamos y el 40% de las solicitudes fueron denegadas.

¿Por qué no fluye el crédito con normalidad? En primer lugar, muchas empresas han pasado de ser viables a inviables desde el punto de vista económico por la brutal caída de sus ventas. Como consecuencia de las numerosas pérdidas, cierres empresariales, y más paro, las entidades financieras (Bancos, Cajas y cooperativas) temen que una escalada de la morosidad les acabe generando más perdidas y por tanto se mantienen cautas en la concesión de crédito. Estas pobres perspectivas del mercado de trabajo hacen que únicamente accedan al crédito aquellas personas con contratos fijos y/o suficientes garantías personales y especialmente hipotecarias. En segundo lugar, las entidades financieras tienen que devolver a su vez un monto importante de créditos que han recibido de las entidades financieras extranjeras. Dada la trascendencia, y la mala prensa internacional sobre las perspectivas económicas y políticas de España, para que los inversores extranjeros compraran activos españoles, el Gobierno de España tuvo que avalar las emisiones de bonos de las entidades financieras españolas. Por último, las entidades financieras, han optado por financiar y convertirse acreedores del sector público, que siempre paga. Además, los enormes déficits y nueva deuda se financian a precios bastante apetecibles desde el punto de vista del acreedor, pagando un sobreprecio por las abundantes necesidades de financiación del sector público.

En resumen, el grifo de la banca española no está cerrado del todo. El poco de agua que sale fluye hacia el sector público (financiación de déficits) y empresas y familias solventes con un colchón de garantías suficiente. Prueba de ello ha sido la exitosa colocación en el mercado de capitales de un bono del Tesoro a 15 años por importe 5.000 millones de euros. Del total, 1.650 millones de euros (el 33%) fue comprado con dinero fresco por inversores de nacionalidad española, en su mayoría bancos, gestoras de fondos y aseguradoras. Para el resto de los humanos, mientras el sector público no sanee sus cuentas, el crédito será siendo un lujo.

Los mercados ejercen presión sobre el Gobierno

2010-02-11T00:00:00.000-08:00

En una mini-cumbre, Francia y Alemania han acordado financiar parte de la deuda de Grecia mientras el Gobierno de Atenas se apriete el cinturón bajo la estricta supervisión de la Comisión Europea. Este anuncio, junto con el encuentro entre altos cargos del Ministerio de Economía y grandes inversores europeos (bancos, Hedge Funds, aseguradoras…), parece haber tranquilizado a los inversores europeos.

Como consecuencia los indicadores de mercado que cuantifican el coste de emitir deuda muestran una reducción considerable después de subidas significativas ante la gran incertidumbre generada por la situación de Grecia y la opinión de diferentes expertos (entre ellos el prestigioso economista Paul Krugman) alertando de la peligrosa dinámica de la economía española y de las finanzas públicas.

A pesar de ser una noticia positiva, debemos tomarla con cautela a tenor de la alta volatilidad existente en el mercado, donde el coste de emitir deuda varía de manera considerable, hora a hora y día a día. He repetido en varias ocasiones que la opinión de los mercados internacionales sobre la economía española es fundamental y nos afecta drásticamente a todos, incluido el Gobierno. El razonamiento es muy sencillo: el crédito se encarece o se reduce si los inversores califican a España como un país de alto riesgo de impago. Si ocurre esto, los bancos españoles obtendrán financiación más cara o más reducida, y por ende nuestras empresas, hogares e incluso el sector público (Estado, Comunidades Autónomas, Cabildos y Ayuntamientos) sufrirán un recorte del crédito o en el mejor de los casos un encarecimiento importante de la financiación.

La falta de crédito es junto a la caída del sector de la construcción y del turismo, el principal factor que explica el aumento sin precedentes del paro. Por ello, es crucial generar confianza en los mercados, al igual que es esencial que el Gobierno de España o el Gobierno de Canarias generen confianza al sector empresarial y a las familias para que, al margen que mejoren las exportaciones por el empuje exterior, de una vez por todas se reanime el consumo y la inversión.

La confianza, como cuando uno padece una dolencia, se genera cuando se tiene el diagnóstico adecuado y se están llevando a cabo las medidas necesarias en el momento oportuno. El Gobierno de España generaba desconfianza a los mercados y ante los ciudadanos por su diagnóstico tardío y desacertado y la falta de medidas de calado, principalmente por su miedo a perder votos.

Parece que el Gobierno de España se ha dado cuenta del enorme coste que supone no contar con la confianza de los inversores internacionales. El caso de Grecia ha encendido todas las alarmas en la Moncloa, que desde hace unos días ha salido, día sí y día no, amagando con tomar medidas drásticas e impopulares. Veremos si dicho Gobierno es capaz de renunciar a votos para poder corregir el déficit, controlar la deuda y acometer las reformas económicas que pide a gritos la economía española, entre ellas la reforma del mercado laboral o la del sector público.

Recorte de pensiones en el peor momento

2010-02-04T00:00:00.000-08:00

Esta semana toca hablar lógicamente del sistema de pensiones y del mercado laboral a tenor de las últimas noticas. Pero no para hablar de una subida de las pensiones que mejore el poder adquisitivo de nuestros mayores, ni para valorar una bajada de los costes que las empresas soportan para contratar empleados (cotizaciones), medida con sentido al menos temporalmente para no seguir destruyendo empleo en un momento en que las empresas ven drásticamente reducidos sus ingresos y el acceso al crédito.

Contra todo pronóstico, el Estado plantea un recorte en toda regla y encubierto de las pensiones públicas y una significativa penalización para todas aquellas personas que decidan jubilarse antes de lo estipulado oficialmente. En concreto, si los planes del Gobierno se materializan, la edad de jubilación oficial aumentará desde los 65 a los 67 años. Además se penalizarán las jubilaciones anticipadas, y se alargará el periodo de cálculo del salario medio a efectos de definir la pensión, en principio desde los 15 a los 25 años, que reduce automáticamente la pensión media puesto que el salario es siempre superior al final de la vida laboral.

Se trata de acciones drásticas puesto que suponen recortes sociales pero con sentido económico en el largo plazo si tenemos en cuenta las previsibles tensiones que soportará con toda probabilidad el sistema de la Seguridad Social ante el progresivo envejecimiento de la población. Los organismos internacionales, como la OCDE o la Comisión Europea, aplauden la medida, e incluso sugieren medidas más drásticas como aumentar de 35 a 40 años el periodo mínimo de cotización para obtener una pensión completa (como Francia) o fomentar los planes de pensiones privados para complementar las pensiones públicas. En España, mientras los sindicatos las rechazan de manera frontal, las confederaciones de empresarios la tildan de positiva. Veremos si el Gobierno aguanta el envite de los sindicatos y encuentra apoyos en el resto de fuerzas políticas.

En mi opinión, las medidas son insuficientes y se plantean en el peor momento posible, tras demasiados años eludiendo el debate sobre las pensiones, en plena recesión, con más de 4 millones de parados, con una deuda pública galopante, sin consenso político, y de manera atropellada e improvisada. La medida afectará más negativamente a las clases medias y bajas puesto que ya disfrutan de pensiones ínfimas que no llegan para vivir con dignidad, especialmente en Lanzarote con la cesta de la compra por las nubes. Esto es lo que pasa cuando no se hacen los deberes a tiempo, me refiero a la época de bonanza de la economía española.

Insuficiente porque no plantea un sistema de capitalización para las pensiones, donde las cotizaciones se depositan en un fondo que recupera el trabajador en el momento de la jubilación, más los intereses devengados. Insuficiente y parcial porque no plantea de manera paralela una reforma en el mercado laboral que permita crear (y mantener) empleo estable, y por tanto aumentar la base de cotizantes a la Seguridad Social.

Además, no estamos en el mejor momento posible puesto que como es sabido la prolongación de la vida laboral reducirá las posibilidades de incorporación de los jóvenes al mercado laboral, que ya de por sí lo tienen muy difícil con una tasa de paro que ronda el 39,7% (para los menores de 25 años) frente al 18,8% global. En Canarias del 49,41% frente al 26,9% según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Las cosas han cambiado desde que Zapatero visita de manera asidua Bruselas. Parece que empieza a tener en cuenta a los inversores. Como ya pasó con la negación de la crisis, el Gobierno tendrá que cambiar su política económica y tendrá que pronunciarse sobre la necesaria flexibilización de la negociación colectiva, la obligada reducción (como mínimo temporal) de las cotizaciones sociales, o la inevitable reducción de la temporalidad mediante el establecimiento de un contrato único. La reducción de la edad de jubilación causará una buena impresión en los inversores internacionales, que miran con lupa a España, pero no creará empleo, que es lo prioritario.

Malas noticias para España

2010-01-27T00:00:00.000-08:00

Esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvía a poner de manifiesto las malas perspectivas económicas de la economía española. Según la prestigiosa institución financiera internacional, España será la única economía entre las grandes economías que continuará decreciendo en este año 2010. Concretamente, prevé que la actividad se contraiga un 0,6% este año, una décima menos en comparación con las previsiones de Otoño. Para el 2011, prevé un crecimiento del 0,9%, el crecimiento más débil del grupo de países avanzados.

Los grandes inversores y las agencias de calificación crediticia tienen muy en cuenta estos datos macro. Por tanto el tono es negativo para invertir en España. La noticia supone un varapalo no solamente para las empresas y las familias sino también para el sector público (estatal y autonómico) que necesitan ahorro en grandes cantidades para financiar el mantenimiento de los servicios públicos básicos y las medidas de apoyo puestas en marcha. Mientras que para España los inversores/ahorradores anticipan un crecimiento negativo en 2010 y un estancamiento en 2011, para el resto del mundo sus pronósticos apuntan hacia un crecimiento considerable del 3,8%, ocho décimas más de lo previsto en octubre, y del 4,3% en 2011. Las economías avanzadas crecerán un 2,1% en 2010 y 2,4% en 2011 mientras que las economías emergentes y en desarrollo, con unas tasas de crecimiento del 6% y el 6,3% para 2010 y 2011, seguirán siendo el motor de la economía mundial. Por último, EE.UU. crecerá 2,7% en 2010 y 2,2% en 2011, y la zona euro un 1% en 2010 y 1,6% en 2011.

En tanto no mejoren las perspectivas, los inversores, empresas y familias seguirán comportándose como hasta ahora (en recesión) y no como si estuviesen esperando una recuperación pronta. En consecuencia, las familias continuarán ahorrando de manera significativa (lo que debilitará el consumo), las empresas se seguirán enfrentándose a una escasez de demanda y de crédito (sobreviviendo sin crear empleo), y los gobiernos, que seguirán ingresando menos por la caída del empleo y del consumo en general, se verán condenados a pagar una deuda creciente a precio de oro. En este contexto y en ausencia de reformas de calado en el mercado laboral, las perspectivas para el empleo son bastante negativas. Mientras los Gobiernos autonómicos, el tesoro estatal, el Instituto de Crédito Oficial, el FROB, ayuntamientos y otros gobiernos europeos sigan emitiendo deuda pública para financiar sus gastos, el resto de mortales lo seguiremos teniendo muy crudo para obtener un crédito, especialmente las pymes, microempresas, familias y autónomos.

En el medio plazo, no podemos obviar que la recuperación no vendrá en exclusiva del exterior. Si bien es verdad que una recuperación más temprana de nuestros principales clientes en materia turística, Alemania y Reino Unido, facilitará una salida de la crisis más rápida en Canarias que en el resto de España. Pero al margen de los vientos a favor que nos puedan venir del resto de Europa, es necesario que la economía española se modernice y suelte lastre. El gobierno central debe hacer sus deberes y acometer las necesarias reformas de calado que demanda nuestra economía para poder coger velocidad de crucero, como por ejemplo la reforma del mercado laboral, del sistema de pensiones, del sector público y del sistema educativo).

Son indispensables. Los Gobiernos autónomos no tienen competencias para modificar leyes básicas del Estado y tienen que cumplir con criterios muy duros d estabilidad presupuestaria: un déficit máximo del 2,75% del PIB frente al 12% el Estado. La reticencia a tomar decisiones de calado son tan perjudiciales o más que los errores de diagnóstico y en materia de política económica. El desgobierno es imperdonable especialmente cuando la economía se sitúa en medio de una recesión sin precedentes. Por ello, el Gobierno debe liderar una agenda de reformas que den un vuelco en la visión negativa que tiene el mercado y los inversores sobre la economía española.

Los reyes nos traen mas deuda

2010-01-15T00:00:00.000-08:00

Esta semana hemos conocido noticias muy negativas para España. A las pérdidas económicas derivadas de la tremenda devaluación del bolívar venezolano se suma la declaración de HSBC (un gran banco británico) poniendo en tela de juicio el nivel de solvencia crediticia de España, el informe del Servicio de Estudios Económicos del BBVA adelantando que la tasa de paro aumentó levemente en el cuarto trimestre, y el artículo de la prestigiosa revista The Economist apuntando que la vivienda en España está sobrevalorada en un 55%. Noticias, todas ellas, que ahuyentan a los inversores y empeoran el acceso a la financiación para el sector público, las empresas y familias españolas.

El 2010, será un año durísimo no sólo para las personas en situación de desempleo o para las empresas en riesgo de quiebra sino también para el conjunto del sector público, muy especialmente para los gobiernos autónomos y las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos). Ambos se enfrentan a una caída de sus ingresos sin precedentes. Los primeros deberán mantener los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales, justicia y seguridad) mientras que los segundos deberán mantener los servicios municipales básicos (centros socio-sanitarios, ayudas sociales, recogida de basura, alcantarillado, iluminación, parques y jardines, policía…).

Ante la resistencia a reducir gasto público, los niveles de deuda pública crecerán de manera espectacular durante el año 2010, hasta alcanzar niveles sin precedentes. Si tenemos en cuenta que los ingresos son inferiores al año pasado, el mantenimiento de los servicios antes mencionados sólo será posible si se acude en busca de financiación externa. Por ello es fundamental que los inversores (tanto nacionales como extranjeros) contemplen a la Comunidad Autónoma de Canarias como un valor seguro para depositar sus ahorros a cambio de una rentabilidad. Una adecuada valoración por parte de los inversores no bastará puesto que Canarias compite para captar financiación con el resto de comunidades autónomas (Andalucía, País Vasco o Cataluña), el propio Estado, el resto de países o el resto de empresas o bancos con necesidades de financiación externa.

El coste del endeudamiento (ya sea vía préstamos, pólizas de crédito o títulos de deuda) será mayor a medida que el endeudamiento crezca (con ingresos decrecientes) y las agencias de rating califiquen a los gobiernos y empresas como valores menos seguros y a medio plazo a medida que la economía (y por ende el Euribor) se recupere. Por ello reclamo una profunda reflexión entre políticos y agentes sociales y económicos.

Los gobiernos tienen varias alternativas: reducir gasto, subir impuestos y/o aumentar endeudamiento. No debemos olvidar que en algún momento los inversores cerrarán el grifo del crédito al sector público y que el coste de la deuda lo tendremos que pagar todos los contribuyentes (y los descendientes) vía impuestos. Si consideramos que las subidas de impuestos son contraproducentes y que la recaudación del sector público no crecerá de manera significativa durante los próximos años, solamente no queda una posibilidad: ajustarnos el cinturón.

Perspectivas económicas para 2010

2009-12-26T00:00:00.000-08:00

Estamos llegando al final de un año que podríamos calificar como el más depresivo tanto desde el punto de vista económico como social y político, para los países avanzados. Pero especialmente para España, que saldrá más tarde de la crisis y que cuenta con el mayor número de parados de toda la Unión Europea.

Los elevados agujeros presupuestarios, el aumento sin precedentes de la deuda pública son signos claros del fuerte deterioro de las finanzas públicas. La acuciante falta de confianza y de crédito han derivado en la quiebra de numerosas empresas que se han visto obligadas a cerrar y enviar a sus trabajadores al paro en el mejor de los casos. Según el Servicio Estatal de Empleo, entre Enero de 2008 y Noviembre de 2009 (último dato disponible) la lista del paro aumentó en más de un millón y medio de personas en toda España y en más de cien mil personas en Canarias. En Lanzarote, en este mismo periodo la lista del paro pasó desde 8.498 a 16.165 personas, esto significa un 90% más de desempleados. Como resultado la tasa de paro ha pasado del 8,6% al 18% en el conjunto de España y del 11% al 26% en Canarias. En Lanzarote, las estimaciones del ISTAC la sitúan en el 28%.

Las consecuencias de la crisis en términos de paro han sido más duras en Canarias por la sencilla razón de que dependemos en mayor medida de los sectores más afectados por la crisis (construcción, turismo y por ende el comercio), amen de las debilidades propias de estar situados en la ultraperiferia (alejados, territorio reducido y fragmentado…). En Lanzarote, los aspectos puramente coyunturales (el paro y la falta de crédito) se combinaron como si de un cóctel molotov se tratase con aspectos más estructurales, por tanto presentes desde hace mucho tiempo con independencia de la crisis económica. En concreto, me refiero a la imperante inestabilidad política (especialmente en el Cabildo) que no sufren otras islas, la dañina falta de consenso para abordar los grandes retos de la isla, y por último el bochornoso desgobierno existente por la falta de mayorías para formar gobierno. Este último aspecto, ocasionado principalmente por decisiones partidistas del PSOE que tras la traumática Operación Unión desterró a su socio favorito desde hace bastantes años de las principales instituciones de la isla.

El año 2010 no será tan desastroso, eso espero al menos en términos comparativos con el 2009. Las previsiones de la economía canaria para 2010 muestran a grandes rasgos un alto grado de correlación con las previsiones de la economía española en su conjunto, de menor caída, aunque con toda probabilidad, la recuperación económica de nuestros principales clientes turísticos (principalmente Alemania y Reino Unido) anticipará la recuperación en la economía canaria en comparación con la economía española. Nuestras previsiones para el año 2010 apuntan a una caída en términos reales del Producto Interior Bruto (PIB) canario que se situará dentro de la orquilla del 0,4 - 0,5%, una caída del PIB inferior a la que la mayoría de los analistas esperan para la economía española. El consumo permanecerá débil por lo conviviremos el próximo año con tasas de inflación bajas que rondarán el 0,2 – 0,5%. En cuanto al mercado laboral, los indicadores más recientes apuntan a una ralentización en la destrucción de empleo, que desde el comienzo del verano está siendo más favorable en términos relativos que en el resto de España. Según nuestras previsiones, la tasa de paro promedio se situará en el entorno del 26-28%.

Aunque esta recuperación más temprana sirva de consuelo, sin embargo, el crecimiento no será suficiente para generar empleo durante el próximo año. Por tanto, la persistencia del paro, el déficit, la deuda, la morosidad y la falta de crédito continuaran acompañándonos desgraciadamente durante el año 2010. Mientras los aspectos coyunturales desaparecerán a medida que nuestros socios comerciales salgan de la crisis, los aspectos estructurales mencionados requieren de un esfuerzo monumental por parte de nuestra clase política. Espero y confío en que las mayorías formadas recientemente den la talla y propicien una salida más temprana de esta crisis económica sin parangón en la historia reciente.

España no puede ser Dubai

2009-12-19T00:00:00.000-08:00

Esta semana el gobierno de Dubai conseguía finalmente financiación del Banco Central de Emiratos y del Gobierno de Abu Dabi, calmando así a los inversores internacionales después del anuncio hecho por parte del Gobierno donde reconocía la imposibilidad de poder garantizar la totalidad de la deuda contraída por la principal empresa pública vinculada al sector de la construcción y al boom inmobiliario.

Este acontecimiento muestra, como apuntaba hace unas semanas, que las entidades financieras que acumulen un exceso de deuda pública de países altamente endeudados pueden verse en una crisis de deuda pública basura. Por ello, me preocupa que España haya sufrido esta semana un varapalo importante con motivo de un informe desfavorable elaborado por Standard&Poors, una de las agencias de calificación crediticia (agencias de rating) de mayor prestigio internacional. En concreto, dicho informe alerta de la existencia de mayores dificultades para devolver el crédito recibido en forma de préstamos o deuda. En otras palabras, la agencia de rating amenazó calificar a España como un país menos solvente (rebajar el rating) por la notoria falta de reformas estructurales y la difícil situación de elevado paro, abultado déficit y deuda creciente.

¿Por qué nos debería preocupar esta noticia? Es importantísimo que dichas agencias de rating no pongan en tela de juicio la solvencia crediticia del Gobierno de España. Fundamentalmente porque España no va a poder recibir ayuda alguna del Banco Central de Emiratos o del Gobierno de Abu Dabi. Las consecuencias de una rebaja en el rating pueden ser devastadoras en el contexto actual. La más mínima duda por parte de los inversores generaría una caída de las bolsas y de los beneficios empresariales, nuevas quiebras empresariales y más desempleo, y así como crédito cada vez más escaso y más caro. Además, se producirá una salida de ahorro en busca de operaciones más seguras y hacia países calificados por las mismas agencias como más seguros, más solventes y menos arriesgados, como es el caso de Alemania o Francia.

Si los números de paro, déficit y deuda siguen empeorando, y los informes de las principales agencias de rating siguen siendo desfavorables para España, todos pagaremos más por acceder al crédito. En primer lugar, todas las comunidades autónomas al igual que el Estado tendrán que emitir nueva deuda pública el año que viene para poder financiar el déficit presupuestario de 2009 y 2010. En segundo lugar, deberán disminuir recursos de otras políticas para poder devolver una deuda pública y un monto de intereses creciente. Por tanto, en un mercado de crédito donde la demanda de crédito supera con creces a la oferta, todos los gobiernos, incluido el canario tendrán que aceptar condiciones crediticias muy desfavorables (mayores comisiones, mayores diferenciales sobre Euribor, menores plazos de amortización…).

Además, este empeoramiento de las condiciones crediticias para el sector público se traslada automáticamente a las familias, y las pequeñas y medianas empresas que necesiten endeudarse para sobrevivir. Como es lógico, las condiciones crediticias son siempre más duras para las empresas y familias en comparación con el sector público, ya que éstas no cuentan con la posibilidad que tiene el Estado de subir impuestos para devolver la deuda. Por tanto, un nuevo endurecimiento de las condiciones crediticias, fruto de una peor calificación crediticia del Estado, podría elevar el listón necesario de manera que proyectos que en la actualidad son viables dejen de serlo en unos meses, o incluso propiciar el cierre de más empresas por la cancelación de una simple póliza de crédito.

En conclusión, y ante el suicidio de aumentar impuestos, apremia cada vez más la necesidad de tomar medidas de calado para reducir el déficit y aminorar la deuda que junto a la creación de empleo estable deben ser las prioridades en estos momentos. Estas medidas son las que valoran las agencias crediticias y por ende los inversores. Entre ellas, apremia la necesaria modernización del sector público, que debe incluir una reducción del gasto no productivo y de dudoso carácter social, la eliminación de duplicidades entre administraciones, y la supresión de trabas y burocracia injustificadas.

Barreras burocráticas

2009-12-12T00:00:00.000-08:00

La Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Aged), que representa a grandes marcas como Carrefour, Alcampo, Ikea o Eroski, denunciaba la semana pasada que existen inversiones y puestos de trabajo que no salen adelante por culpa de las barreras burocráticas impuestas por el sector público. Se calcula que las barreras a las nuevas aperturas de grandes centros tienen bloqueados unos 3.000 millones de euros, que podrían dar trabajo a unas 6.000 familias en toda España.

En Lanzarote, este fin de semana fui testigo del acoso burocrático que sufre el empresario a nivel local. En este caso, se trataba de un empresario dedicado principalmente a la venta de perfumes y cosméticos, con reconocido prestigio a nivel insular, con una amplia experiencia y tiendas no sólo en Lanzarote sino en otras islas del Archipiélago. En cuestión, el empresario tuvo que lidiar con agentes de la autoridad para que no le cerraran el establecimiento puesto que la licencia se encontraba en solicitud (sin firmar). Coincidirán conmigo que no es de recibo que en pleno puente, con una mayor afluencia de clientes, un emprendedor que ha arriesgado su ahorro y que crea empleo, tenga que aguantar en silencio que el ayuntamiento de turno no haya firmado un papelito para poder abrir con todas las de la ley. Más aún cuando el mismo empresario ya ha obtenido licencia por parte del mismo Ayuntamiento para abrir tiendas idénticas en la misma calle…

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible pasa muy de puntillas por encima del gran problema de la burocracia. Únicamente propone reducir los plazos para la creación de empresas hasta un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 30.000 y 3.100 euros y de un día, cuando el capital se sitúe entre los 3.100 y los 3.000 euros. Obviamente, esta medida será ineficaz mientras los bancos continúen cerrando el grifo a la empresa privada (que no pública que emite deuda sin parar), o mientras la mayoría de licenciados sueñen con ser funcionarios. Lo decía la semana pasada, nuestro objetivo debe ser la proliferación de Bill Gates y no de burócratas.

La burocracia incluye no sólo trámites incómodos y quebraderos de cabeza para el emprendedor sino que además supone una limitación a la libertad individual en muchos aspectos. No puede ser que el Gobierno autónomo o central decida cuándo o a qué hora debe cerrar un establecimiento, cuántos días festivos puede abrir, cuándo y cómo se puede hacer las promociones y cuándo puede aplicar rebajas… Sobretodo cuando la ley ya permite una mayor libertad en las zonas predominantemente turísticas… ¿Por qué contar con tales privilegios? ¿Por qué los residentes en zonas turísticas cuentan con estos privilegios?

Me parece muy bien que se establezcan requisitos de seguridad, sanitarios o medioambientales (contaminación acústica y lumínica) pero con ciertos límites objetivos y sin margen para la discrecionalidad política. En mi opinión, los controles previos deben ser sustituidos por controles posteriores y más periódicos, evitando así el retraso de la puesta en marcha de proyectos y la necesaria creación de empleo.

Parches insostenibles

2009-12-05T00:00:00.000-08:00

El Gobierno de ZP ha aprobado esta semana la denominada Ley de Economía Sostenible que deberá propiciar el cambio de nuestro modelo productivo y de empleo de forma que nuestra economía sea más sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social.

Este proyecto de Ley ha recibido duras críticas por parte de economistas de reconocido prestigio que la califican como un conjunto de buenos deseos pero banales, plagado de incógnitas, otro Plan Canarias sin partida presupuestaria, de escaso impacto en la economía real, de corto alcance con efectos insuficientes a largo plazo, medidas marginales…

En mi opinión, el Gobierno de ZP pretende convencernos que con pequeños parches y obviando reformas estructurales de calado se puede cambiar una sociedad. ZP pretende que creamos que solamente mediante una más rápida protección de las patentes o menores impuestos a las empresas que innoven crearemos como churros personajes de la talla de Ramón y Cajal o Bill Gates. Pretende que creamos que únicamente mejorando el tratamiento fiscal del alquiler se acabará la especulación inmobiliaria porque los españoles preferiremos vivir de alquiler y no comprarnos una vivienda. Se empeña en convencernos que si obligamos a los ayuntamientos a pagar en 30 o 60 días se solucionan los problemas de financiación de las pequeñas y medianas empresas y así sucesivamente – obviando los graves problemas de financiación de los ayuntamientos.

Con parches no se solucionarán los problemas crónicos de la economía española, que destruye más empleo que el resto de Europa, que sale mal parada en todas las comparaciones internacionales con respecto a las facilidades para crear una empresa, que decepciona en cuanto a la calidad del sistema educativo (alto fracaso escolar) y que no cuenta con ninguna universidad entre las más prestigiosas del mundo.

Es incomprensible que no se aborde de manera urgente la reforma del sistema educativo que en la actualidad solo sirve para crear individuos con una gran capacidad para memorizar pero que no es capaz de fomentar la iniciativa propia, el autoempleo, la crítica o la innovación. Bill Gates es un ídolo en Estados Unidos mientras que los empresarios en España son repugnados y culpables de especulación y explotación hasta que no se demuestre lo contrario. No se aborda la inseguridad jurídica, la tardanza de la justicia, las trabas administrativas y la burocracia que rompe con la unidad de mercado y espanta a los inversores. No se aborda la necesaria eliminación de duplicidades y reorganización de competencias en el sector público. Y qué decir de la reforma laboral que brilla por su ausencia, como muestra de la complicidad existente entre Gobierno y sindicatos.

Tampoco existe un compromiso presupuestario firme ni un plan estratégico claro y detallado para corregir el déficit fiscal y disminuir la deuda pública. Parece una broma de mal gusto que tras más de dos años de crisis profunda, todavía el Gobierno de ZP plante en esta ley la creación de un grupo especial para evaluar el gasto, elaborar un plan de austeridad, de calidad en el gasto, y de racionalización, esenciales para no poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En definitiva, la ley plantea un objetivo que es en sí mismo deseable por la mayor parte de los mortales pero que sin embargo será muy difícilmente realizable si nos encomendamos a las medidas contempladas en el borrador presentado por el Gobierno. No se trata únicamente de cambiar el turismo y la construcción por la fabricación de paneles solares o parques eólicos, sino que también es necesario hacer que lo que ya tenemos (el turismo, las manufacturas, el sector primario y los servicios) sean más productivos, más competitivos y que ocupen mejores posiciones en los mercados internacionales. La receta: reformas estructurales.

Deuda basura

2009-11-28T00:00:00.000-08:00

La deuda pública puede convertirse en un lastre para la salida de la crisis – como el mismo sector público. La deuda pública ha crecido y lo seguirá haciendo en los próximos años hasta niveles no vistos en los últimos siglos. Mientras tanto, la mayor parte de autónomos, pequeñas y medianas empresas ven denegadas o canceladas sus solicitudes de crédito cuando son los más necesitados de financiación para lograr sobrevivir a la crisis y poder mantener empleo.

La caída de los ingresos por recaudación, el escaso margen para recortar gastos (elevado gasto estructural), la presión social de mantener servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) y de mantener las inversiones productivas, y suicidio que supone subir impuestos en momentos de crisis (salvo el Gobierno de ZP que sí los sube) ha propiciado un aumento sin precedentes en la deuda pública. Para más despropósito, los gobiernos se están endeudando hasta los dientes en condiciones especialmente dolorosas para las arcas públicas ante el dilema que supone no poder financiar el déficit con deuda o préstamos. Por su parte, el sector bancario está comprando casi automáticamente la deuda pública que los diferentes gobiernos emiten de forma masiva para cubrir sus agujeros presupuestarios.

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Cuando salgamos del túnel, los bancos centrales aumentarán los tipos de interés y retirarán todas las facilidades que están concediendo a la gran banca para que se financie de forma ilimitada y a bajo coste. Este aumento de los tipos propiciará un descenso de la demanda de deuda pública por parte de los inversores (al caer su rentabilidad con respecto a otros productos financieros), y un descenso en el precio de la deuda pública y por tanto de su valor. ¿Les suena? Es lo mismo que sucedió con las hipotecas o los edificios que tenían los bancos en su activo y que de la noche a la mañana pasaron a valer menos de la mitad. De continuar esta dinámica podríamos pasar de la crisis de las hipotecas basura a la crisis de la deuda basura. Si además, la crisis se alarga más de lo esperado, la banca se enfrentará a mayores tasas de morosidad y quiebras de empresas. La clave está en que los mercados no empiecen a desconfiar en la capacidad de los gobiernos para corregir los excesos. Si fuera así, la deuda pública empezará a parecer menos segura como activo, no solo a los banqueros sino a todo el mundo.

Conviene recordar que un nivel de deuda incontrolado supone menores recursos en los sucesivos años para otras áreas de gasto (empleo y servicios sociales), un mayor coste de financiación (un riesgo mayor de devolución), menor financiación para familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas, y más impuestos en el futuro para poder devolverla junto con los intereses. La banca no es pública por lo que en algún momento puede que corte el grifo del crédito a los gobiernos, como ya lo ha hecho con el sector privado.

El progresivo deterioro de las finanzas públicas debe llegar a su fin por mera responsabilidad política. En mi opinión, la sociedad debe oponerse a una deuda incontrolada con la misma vehemencia que contra un recorte en la sanidad o la educación (por cierto inevitable), una subida de impuestos, el anuncio de unas prospecciones petrolíferas a pocos metros de nuestras islas, el empleo precario o unas declaraciones en contra del elevado absentismo laboral existente en el sector público. Basta ya de tanta hipocresía. Ciudadanos, sindicatos, empresarios y políticos deben ser responsables y demandar a los gestores públicos (sean o no de su partido) que se ajusten el cinturón al igual que todo padre de familia entre otras cosas para no crear una crisis de deuda basura ni hipotecar aún más el futuro de nuestros hijos.

Crisis del sector público

2009-11-21T00:00:00.000-08:00

Estos días he tenido la oportunidad de hablar con diferentes empresarios, políticos, y asociaciones de consumidores con ocasión de la presentación por varias islas del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. En resumen, con independencia del color político, de vivir en una isla oriental u occidental, capitalina o no capitalina, se palpa un malestar en la sociedad con el sector público, y en especial con el exceso de burocracia que comienza a ser un lastre para la economía y la recuperación.

A menudo escuchamos a empresarios solicitar protección y ayudas al Gobierno, a la vez que criticar la burocracia que tienen que soportar, con trabas, restricciones de todo tipo. También, el ciudadano de a pie, trabajador como el que más, pide a gritos una cesta de productos básicos más barata, un empleo digno, una sanidad competente, una educación competitiva, unos servicios sociales adecuados, el acceso a una vivienda digna, una mayor justicia y seguridad, una mayor oferta cultural, deportiva y de ocio…

En la actualidad, el sector público parece más desbordado que nunca principalmente por la caída en la recaudación y la mala gestión económico-financiera en años de bonanza. Por tanto, la crisis económica ha acentuado las debilidades del sistema que es incapaz de abordar los retos que demanda la sociedad en momentos de crisis: mantener los servicios públicos esenciales, no subir impuestos y compensar la caída de la inversión privada y el empleo.

¿Cómo solucionar esta situación límite? Se puede subir impuestos, aumentar el endeudamiento o bien acometer una reforma sin parangón del gasto público. Descartando la subida de impuestos (que agravaría la caída del consumo) o el aumento sin límite del endeudamiento (no olvidemos que tenemos que devolver los préstamos más los intereses que pagarán nuestros nietos con mayores impuestos), solo nos queda reformar el sector público por la vía del gasto – y esto son palabras mayores.

En este sentido plateo cinco caballos de batalla: (1) redistribución de competencias, eliminación de duplicidades, solapamientos e incluso eliminación de unidades de gasto que se repiten o que carecen de competencias y no están vinculadas con servicios públicos esenciales; (2) simplificación administrativa, uso de nuevas tecnologías, sustitución de controles previos por controles posteriores (o permanentes), y eliminación de burocracia y trabas administrativas que suponen un sobrecoste para el emprendedor; (3) mejorar la productividad y eficiencia en el gasto mediante la introducción de gestores y profesionales sin categoría de funcionario, incentivos por el cumplimiento de objetivos, una mayor valoración del mérito y el esfuerzo, o una mayor flexibilidad de horarios; (4) eliminar todas aquellas subvenciones y exenciones fiscales que se demuestren que son ineficaces o que supongan una traba a la inversión directa; y la (5) utilización de formas de colaboración con el sector privado para acometer inversiones productivas estratégicas de tal manera que el coste de reparta entre el sector público y el privado.

En el ámbito de Canarias se hace necesaria además una reorganización de las instalaciones, edificios, y servicios, de tal manera que se evite concentrar toda la administración central en las islas capitalinas y que a la vez se eliminen las duplicidades entre las dos capitales de provincia. Créanme, sin este tipo de reformas estaremos avocados a una crisis del sector público (y de la deuda) que sucederá a la crisis del sistema financiero internacional.

Fracaso conejero

2009-11-16T03:28:00.000-08:00

Tras conocer el pasado viernes los planes de gasto del Gobierno de Canarias para el año que viene, el debate político se ha centrado en el descenso previsto en materia de inversiones destinadas para la isla de Lanzarote. En concreto, a Lanzarote le tocará una porción del 5% (62 millones de euros) del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2010, frente al 7,2% de Fuerteventura o el 5,6% de La Palma. En mi opinión es el reflejo de una mala gestión institucional y una inestabilidad política sin parangón en el resto de las islas que ha posibilitado que otras islas ganen peso político mientras los conejeros nos dábamos de tortas.

De igual forma que me alegro de esta unión “a la catalana” para lograr mayores inversiones para Lanzarote en los presupuestos del Gobierno de Canarias, hecho de menos, que de igual forma, los mismos representantes políticos protestaran con la misma vehemencia contra el auténtico sablazo que nos metió el Gobierno de Zapatero a la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos con la aprobación de unos presupuestos que sitúan la inversión por residente canario a la cola de España (muy lejos de la inversión por catalán o andaluz) y que reducen los dineros para Cabildos y Ayuntamientos conejeros (Fondo Estatal de Financiación Municipal). De haber procedido como los catalanes, no nos hubieran tomado el pelo con el Plan Canarias que se vendió como un cheque al portador de 2.500 millones de euros extra para 2010 pero que al querer cobrarlo en el banco se quedó en 290 millones de euros extra – eso sí después de un gran trabajo de recuperar y aglutinar proyectos que ya estaban en marcha.

Es una gran noticia ver como todos los partidos políticos defienden una serie de proyectos considerados estratégicos para el futuro de la isla. En mi opinión, es ahí en las mesas de trabajo donde se gestan los grandes proyectos y los consensos políticos necesarios y no a golpe de descalificaciones al adversario político. Espero que este frente común no se quede en una mera crítica al Gobierno de Canarias a la vez que entierre el pleito insular que ha descuidado una gestión pública eficiente con consecuencias catastróficas: la pérdida del campus universitario por no decidirnos donde ubicarlo, el bloqueo institucional relativo a la disponibilidad de suelo para poder construir viviendas sociales, la mala gestión de los centros turísticos, Inalsa o el vertedero de Zonzamas.

El descenso de la inversión presupuestada para Lanzarote no es consecuencia, como se ha puesto de manifiesto en alguna ocasión, de una decisión premeditada de algún chicharrero o canarión que le tiene tirria a los conejeros y por eso nos castiga, y mucho menos de los intereses de un partido político en cuestión. El Gobierno de Canarias debe defender los intereses de todos los canarios velando siempre por la igualdad de oportunidades de todos los canarios, y evitando que se den desequilibrios entre islas.

Obviando este tipo de críticas oportunistas y partidistas, la disminución de la inversión para Lanzarote no es consecuencia de un recorte de dineros para proyectos de inversión ya planificados para 2010 sino que es el resultado de la finalización de los proyectos junto con la falta de recursos para la financiación de nuevos proyectos de inversión. A medida que se acerca la finalización del proyecto, las cantidades consignadas tienden a reducirse y una vez que se termina la obra se elimina la partida presupuestaria que se creo al efecto. En Lanzarote coincide la reducción de las inversiones con la terminación de obras de mucho calado como son la remodelación del hospital general, la mejora y ampliación de puertos, y la finalización de carreteras. Ahora toca buscar proyectos nuevos que sean financiables – no olvidemos que las inversiones de la Comunidad Autónoma caen un 11% y que se agota el máximo de endeudamiento permitido por el Estado. Con toda seguridad se conseguirán enmiendas que mejoren algo la foto del presupuesto – porque es de recibo.

En términos comparativos es verdad que La Palma o Fuerteventura obtienen una mayor porción del pastel de las inversiones del ejecutivo autonómico. En este sentido debemos esforzarnos para por lo menos tener la misma financiación per cápita que Fuerteventura, y en todo caso superior a La Palma. La clave está en la estabilidad política y la búsqueda de consenso que evite utilizar políticamente los asuntos estratégicos de Lanzarote (PIOT, campus universitario...). En mi opinión y muy a mi pesar el éxito palmero y majorero tiene que ver con el fracaso conejero.

El sudoku regional

2009-11-07T08:00:00.000-08:00

El pasado viernes, el Gobierno de Canarias remitió el borrador de presupuestos para el año 2010 al parlamento canario para que se modifique (enmiende), se apruebe o se rechace antes de final de año. A grandes rasgos se trata de unos presupuestos incómodos, realistas, austeros, solidarios con las corporaciones locales y sociales puesto prioriza el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como son sanidad, educación, acción social y empleo.

La dificultad de elaborar unos presupuestos es enorme pues como recordaba esta misma semana la Comisión Europea, estamos inmersos en una crisis económica sin precedentes con efectos negativos más duraderos si cabe en el caso de España que será el último país en salir de la recesión (sólo por delante de Bulgaria, Lituania y Letonia) y que contará en los próximos años con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea (UE). Canarias, sin bien podría salir antes que España por el efecto arrastre de una recuperación más temprana en Alemania y Reino Unido (principales clientes), la tasa deparo rondará límites socialmente preocupantes superiores al 27%.

Los presupuestos elaborados por el ejecutivo regional están sujetos a restricciones importantes. En primer lugar, los efectos derivados de la propia crisis económica, como refleja una caída del Producto Interior Bruto del 0,4%, un descenso del 24% en los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), una reducción del 11% de los recursos provenientes del Sistema de Financiación Autonómico y un recorte del 27% de los Fondos Europeos que recibe Canarias.

En segundo lugar, para compensar la caída de la recaudación, el Gobierno de Canarias no se puede endeudar sin límite puesto que el Estado fija afortunadamente un máximo de endeudamiento permitido para todas las Comunidades Autónomas (el 0,75% del Producto Interior Bruto regional) que en el caso de Canarias suponen 1.200 millones de euros. En tercer lugar, el Gobierno de Canarias se autoimpone la restricción de no subir impuestos que castigarían aun más a las familias. Por tanto, el IGIC no subirá como lo hará el IVA por decisión del gobierno de ZP.

En cuarto lugar, el Gobierno de Canarias se enfrente a un gasto estructural considerable (coste fijo) . Aproximadamente el 40% del presupuesto va destinado al pago de nóminas y gastos de personal, aproximadamente el 23% del presupuesto no se puede tocar puesto que está vinculado a proyectos que reciben cofinanciación del Estado o de Europa (en cuyo caso se perderían si la Comunidad reduce su aportación), intereses de deuda o transferencias a Cabildos y Ayuntamientos regulados por ley. Además, sumando sanidad, educación, los servicios públicos básicos (justicia y seguridad) y el resto de servicios sociales (acción social, empleo, formación y vivienda), más el personal de toda la Comunidad Autónoma llegamos a alcanzar el 85% del presupuesto.

El sudoku es complicado: El ejecutivo regional debe cuadrar unas cuentas en un contexto de crisis sin precedentes, con un márgen mínimo de maniobra del 15%, un límite al endeudamiento del 0,75% del PIB, sin subir impuestos, con una caída de la recaudación, con la necesidad de mantener el funcionamiento de los servicios básicos y esenciales, aumentando las inversiones y contentando a todas las islas.

El Gobierno de Canarias resuelve notablemente este sudoku: utiliza todo el margen de endeudamiento permitido por el Estado, no aumenta impuestos, reduce únicamente un 0,5% los dineros que financian la prestación de bienes y servicios sociales (sanidad, educación, servicios sociales, empleo y formación profesional, vivienda, cultura y deportes), aumenta los recursos para Cabildos y Ayuntamientos (14,5%), Investigación, Desarrollo e Innovación (+45%), y Empleo (+45%). Se trata por tanto de un presupuesto reflejo del evidente empobrecimiento de la economía española y canaria como consecuencia de una crisis económica sin precedentes. Se trata de los presupuestos más incómodos de la democracia, políticamente hablando. No permite “quedar bien con todos” ni gastar más sin tener que recortar de otro lado. Todo lo contrario, obliga a decir que “no" y a reducir muchos gastos innecesarios que financiamos todos los canarios, también en áreas tabú como son sanidad y educación.

Cabildos agobiados

2009-10-31T12:11:00.000-07:00

Esta semana los Cabildos Insulares declararon la guerra al Gobierno de Canarias y amenazaron con no devolver los dineros que recibieron de más por su participación en la recaudación de los denominados recursos REF (básicamente IGIC). Se repite por tanto el conflicto del año pasado ante las dificultades de tesorería de las Cabildos para devolver los ingresos recibidos de más.

Según la Ley que regula el reparto de la recaudación de los ingresos REF entre Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos, el Gobierno de Canarias adelanta mes a mes la parte correspondiente a los Cabildos y Ayuntamientos en función de lo que prevé recaudar a principios del año (no de lo que efectivamente recauda a lo largo del año). Cuando al final del año se comprueba en la liquidación que se ha recaudado menos de lo previsto, entonces los Cabildos y Ayuntamientos están obligados (por ley) a devolver el exceso recibido al Gobierno de Canarias. De igual forma, cuando en época de bonanza se recaudaba más de lo que se preveía, el Gobierno Autónomo una vez liquidado el año procedía a ingresar los recursos que había transferido de menos a los Cabildos y Ayuntamientos.

Al objeto de evitar la devolución mediante un único pago del exceso recibido, el Gobierno de Canarias y los Cabildos iniciaron una ronda de negociaciones para llevar a cabo las devoluciones en módicos plazos, sin intereses y sin generar tensiones de tesorería en ninguno de los afectados. Además, los Cabildos reclaman con toda justicia el pago de la deuda por recargos e intereses de demora.

La reivindicación de los Cabildos es muy legítima pero no sólo los Cabildos, sino también los Ayuntamientos, el Estado y la propia Comunidad Autónoma de Canarias están padeciendo las consecuencias de la mayor crisis que ha sufrido España desde la democracia. El aumento sin precedentes del desempleo, la escasez de crédito y la falta de confianza de empresas y consumidores hace que tanto el consumo como la inversión permanezcan aletargados. La situación de agobio actual de las corporaciones locales es también fruto del fuerte incremento del gasto público experimentado en los últimos 25 años. El presupuesto y el gasto ejecutado por los Cabildos, los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y Estado, han venido engordado de manera extraordinaria e ininterrumpida durante los años de bonanza económica al aliento de los mayores ingresos obtenidos por el auge en el turismo, la construcción, el consumo y el empleo. Si bien dicho aumento del gasto ha revertido en los ciudadanos pagadores de impuestos mediante mejores servicios públicos o inversiones productivas generadoras de empleo, otra parte importante de dicho aumento se ha quedado en gasto superfluo e innecesario.

De manera incomprensible y bajo una aparente miopía, el gasto público de todas las instituciones aumentaba en igual proporción que la recaudación año tras año, sin considerar que dichos ingresos desaparecerían en el momento en que la economía empezara a desacelerarse y entrar en depresión. No hace falta ser economista para reconocer que el boom económico tiene su fin y que a lo largo de la historia pasamos por fases tanto de vacas gordas como de vacas flacas. De esta forma nos acostumbramos a un nivel de gasto muy por encima de las posibilidades de la sociedad y apenas nos preparamos para la llegada de las vacas flacas.

Es normal que los Cabildos se quejen, sobretodo cuando ven que no pueden mantener todos los servicios que se ofrecían hasta ahora. Las crisis económicas nunca fueron buenas para gobernar. No hay comparación entre una situación de bonanza que se decide donde aumentar el presupuesto a una situación de crisis donde hay que decidir donde recortar – y nadie está dispuesto a perder parcelas de poder y en algunos casos su chiringuito.

La situación de agobio de los Cabildos, por mucho que se quejen, es insignificante en comparación con el agobio que supone perder el puesto trabajo para un padre de familia o verse avocado a cerrar una empresa o despedir trabajadores y poner fin a un proyecto iniciado con ilusión. Sin embargo, no he escuchado todavía que los empresarios asfixiados alcen la voz en contra el pago del IGIC cuando facturan por una venta que no cobrado – gran parte de las administraciones públicas.

El conflicto de los Cabildos con el Gobierno Autónomo requiere de solidaridad por parte de todos los implicados. La no devolución en 2009 de una parte de los fondos recibidos de más podría causar serios problemas de tesorería en la Comunidad Autónoma o mermar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Por ello es necesario llegar a un acuerdo entre todas las partes. Una solución de cara al año que viene sería cambiar la ley de tal modo que únicamente se transfiera a los Cabildos la proporción que les correspondan de lo efectivamente recaudado y no de lo previsto como hasta ahora. Pero esto jugaría en su contra en época de bonanza – que vendrán. Por tanto, el remedio de los Cabildos sería peor que la enfermedad.

Para finalizar, existe todavía un amplio margen para recortar en gastos y ajustarnos por tanto a la bajada de la recaudación sin necesidad de iniciar una guerra contra el vecino o a la administración de la que se dependa (Ayuntamientos contra Cabildos, Cabildos contra Comunidad Autónoma y Comunidades Autónomas contra Estado…). Mirando hacia el futuro, debemos reclamar una reforma profunda en materia de financiación de las corporaciones locales y una reforma del sector público en materia de distribución de competencias. Mientras sigamos duplicando gastos y haciendo todos de todo y mientras dependamos de una financiación volátil tanto las corporaciones locales y las comunidades autónomas lo pasarán muy mal en época de crisis.

Las bondades del Plan Canarias

2009-10-24T14:00:00.000-07:00

A pesar de contar con una intensa campaña publicitaria, el Plan Canarias, que se vendía como la panacea para salir de la crisis y encarrilar el futuro de todos los canarios, parece haberse quedado en un plan repetitivo, que además llega demasiado tarde y que no cuenta con ficha financiera (dineros), que es difícilmente realizable, y que no es efectivo para paliar los efectos de la crisis.

En primer lugar, me gustaría dejar muy claro que el Plan Canarias no representa un hito histórico. En concreto, redunda en los planteamientos del Pacto de Gobierno firmado entre CC y PP un mes antes de iniciarse la crisis económica (4 de julio de 2007) así como en las medidas contempladas en el Pacto Social por la Economía y el Empleo (PSEE) firmado este verano (4 de Junio de 2009) por el Gobierno de Canarias, patronales, sindicatos, y al que se adhirieron posteriormente la práctica totalidad de Cabildos y Ayuntamientos. El Pacto Social por la Economía y el Empleo ya contemplaba la reformulación del REF, el impulso a la formación, la educación y el empleo; el fomento de la diversificación de la economía y el fomento de la internacionalización de la empresa canaria (potenciar la Zona Especial Canaria, mejorar la conectividad con África…).

En segundo lugar, el Plan Canarias llega demasiado tarde, dos años después de que la crisis comenzara en Agosto de 2007, y más de de un año después desde que el Gobierno de Canarias pusiera en marcha el primer Plan de Dinamización en Abril de 2008. Todo ello a pesar de que Canarias presenta la tasa más alta de paro de toda España- cercana al 30% de la población que busca trabajo (activa).

En tercer lugar, el Plan Canarias es difícilmente realizable. Según se anunció, el Plan Canarias reportará una inversión extra para Canarias valorada en 25.000 millones de euros en los próximos 10 años. Esta cantidad equivaldría a una inversión media nueva anual para Canarias de 2.500 millones de euros. Por tanto, en 2010, los 2.500 millones extra del Plan Canarias (1.224 millones por canario) se sumarían a los 1.318 millones ya contemplados en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2010. Su cumplimiento supondría por tanto duplicar en 2010 la inversión media recibida por cada canario desde los 646 ya presupuestados hasta aproximadamente 1.870 euros por canario. Es difícilmente entendible cuando hasta ahora la inversión media por habitante en Canarias, incluso con el blindaje del REF, venía siendo inferior a la media del Estado.

En cuarto lugar, las medidas no cuentan con ficha financiera específica. Existe por tanto una enorme incertidumbre acerca de la materialización efectiva del plan. Tengo especial interés en ver reflejados en los presupuestos los 150 millones para parques tecnológicos y los 500 millones para los parques hidroeléctricos reversibles.

En quinto lugar, el Plan Canarias no es efectivo para paliar los efectos adversos de la crisis y reducir el paro en Canarias puesto que no soluciona el problema de falta de liquidez que adolece la pequeña y mediana empresa canaria ni propicia un incremento de la renta disponible y del consumo de las familias canarias. El valor estimado de las medidas aprobadas con carácter inmediato no alcanza los 300 millones de euros – es decir no llega al 3% del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2010 y se sitúan muy alejados de los 2.500 millones prometidos. De entre las medidas aprobadas destaca el III Plan Integral de Empleo (42m), el Plan Renove Turismo (120m), una Campaña publicitaria exterior de Canarias (9m) y un programa de reindustrialización (9m). Se trata por tanto de prorrogar en el tiempo algunas actuaciones ya en marcha como el Plan de Empleo o el Plan Renove turístico y de ayudar en lo que se pueda a la promoción turística de las islas – nada innovador. Para paliar los efectos de la crisis, son necesarias, tal y como se contempla en el Pacto Social por la Economía y el Empleo, rebajas fiscales e inyecciones de liquidez para las empresas, al mismo tiempo que plantean una mejora de las finanzas públicas. Rebajas en IRPF, Sociedades, cotizaciones sociales, IGIC dentro de las posibilidades presupuestarias así como inyecciones de liquidez vía avales y re-avales que permitan seguir funcionando a las PYMEs y autónomos canarios. La salida de la crisis dependerá en mayor medida de la pronta recuperación de la economía alemana y británica (principal cliente turísticos de canarias) más que en los efectos del Plan Canarias.

Por último, el Plan Canarias retrasa la puesta en marcha de reformas estructurales necesarias en el ámbito de Canarias. Prueba de ello es que no aborda en profundidad la necesaria reformulación del REF ni se logra la supresión indefinida en el tiempo de las tasas aeroportuarias que pagan las compañías aéreas por traer visitantes y clientes al Archipiélago. Con respecto al REF, únicamente se constituye un grupo de trabajo para que inicie el estudio del funcionamiento y posibles cambios, cuando ya existía un grupo de trabajo con propuestas concretas en el ámbito autonómico.

En conclusión, espero y deseo que se ejecuten efectivamente en plazo y forma la inyección de recursos reconocidos en el Plan Canarias, aunque tengo mis dudas por los argumentos anteriormente expuestos.

La guerra de las grandes superficies

2009-10-17T08:05:00.001-07:00

Cogiendo el testigo de las asociaciones de defensa de los consumidores, la patronal que representa a Carrefour y Eroski amenazó esta semana con denunciar ante los tribunales europeos a los gobiernos autonómicos que continúen impidiendo la libre competencia y el libre establecimiento en las respectivas regiones. En concreto, mientras los empresarios demonizan a los gobiernos por las trabas, denegaciones o esperas infinitas que tienen que soportar para poder abrir un establecimiento en una comunidad autónoma donde no estén establecidos previamente, los consumidores alzan la voz contra los precios abusivos que se ven obligados a soportar en lugares donde unos pocos empresarios cuentan con una protección especial gubernamental.

El argumento que subyace para pedir la protección del empresario “local” o “nacional” a costa de del consumidor tiene su origen en la teoría económica de la “industria naciente” desarrollada en el siglo XIX por el economista de origen alemán Friedrich List para proteger al empleo y a la industria manufacturera alemana que se encontraba en decadencia por el dinamismo de la industria manufacturera británica – más competitiva en aquellos momentos. El hilo de argumentación es muy simple: por diversos motivos expuestos con frecuencia por políticos y empresarios (por ejemplo, salarios más altos, coste de insularidad, lejanía…), las empresas “de aquí” o “ya establecidas” (catalanas en Cataluña, canarias en Canarias…) no aguantarían una mayor competencia de empresas “de fuera” y en consecuencia el Gobierno de turno debe proteger los puestos de trabajo existentes impidiendo la entrada.

En mi opinión se trata de un proteccionismo sin sentido y muy costoso para la mayor parte de la sociedad. En primer lugar, el proteccionismo comercial supone un elevadísimo coste para el consumidor final. En el caso de la protección de la industria supone no sólo un elevadísimo coste para los consumidores sino también para el resto de la industria local (por tanto empresarios) que utiliza para producir los bienes y servicios ofertados por la industria protegida. A modo de ejemplo, las bodegas conejeras en la actualidad demandan un tipo de botella que sólo pueden conseguir fuera de Canarias por lo que se ven obligadas - para competir en diseño con otras bodegas no canarias - a importar botellas de vidrio del exterior pagando el sobrecoste del impuesto a la importación (AIEM) al que está sometido la botellas de vidrio para precisamente proteger a la industria vidriera canaria.

En segundo lugar, la realidad contradice todos los argumentos a favor del proteccionismo. A este respecto, es muy importante diferenciar entre grandes superficies y centros comerciales. Por ejemplo, Lanzarote cuenta con centros comerciales como Deiland pero carece de establecimientos de grandes superficies como Carrefour o Mercadona. Siendo honestos, no creo que nadie argumente que la apertura del centro comercial Las Terrazas o Siete Palmas en Gran Canaria, Las Rotondas en Fuerteventura, o de la apertura de Deiland o del apreciado IKEA en Lanzarote, haya podido destruir más empleo local del que ha generado con su apertura. Por tanto, de igual modo, no existen argumentos sólidos para no defender que la apertura de Lidl o Mercadona en Lanzarote vaya a crear más empleo del que podría destruir.

En cuanto a centros comerciales, a pesar de que la Comunidad de Madrid cuenta con la mayor superficie de centros comerciales por habitante de toda España, sus habitantes disfrutan de una de las cestas de la compra más baratas, una de las menores tasas de paro de toda España y un sector comercial no sólo basado en las grandes superficies (que abundan) sino también en el pequeño y mediano comercio. Sólo hay que darse un paseo por la calle Fuencarral para ver la coexistencia entre el pequeño comercio y las grandes superficies.

En una situación de crisis económica donde la inversión decrece y el paro se hace insostenible no podemos rechazar inversiones beneficiosas para la mayoría de la sociedad. Sería un grave error convertirnos en una Comunidad Autónoma proteccionista. Solo hace falta echar un vistazo a nuestra historia más reciente para darnos cuenta de que nunca fuimos una región proteccionista. Todo lo contrario. Hemos disfrutado siempre de una menor fiscalidad y de zonas francas.

En conclusión, los gobiernos deben escuchar a sus ciudadanos, que demandan no solo comercios pequeños, autóctonos y cercanos sino además grandes centros comerciales de ocio, y grandes superficies que ofrezcan precios más accesibles para los bienes de primera necesidad (alimentación, vestido, calzado…) - aspecto clave para las rentas más bajas que son quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a la compra de bienes de primera necesidad.

Las clases medias pagan los platos rotos

2009-10-05T08:00:00.000-07:00

Esta semana como no podría ser de otra manera toca hablar de los presupuestos y de la subida de impuestos aprobada por el equipo económico de Zapatero, quien como no podría ser de otra manera nos intenta vender gato por liebre.

Desde hace unos meses el equipo económico de Zapatero ha venido anunciando a bombo y platillo que los presupuestos para el año 2010 iban a ser unos presupuestos ejemplares en el sentido de ser austeros (ajustarse el cinturón como todo ciudadano medio), potenciar la inversión productiva (para compensar la caída de la actividad privada), propiciar un cambio de modelo (menos ladrillo y más ordenadores) y mantener el gasto social para proteger a los más desfavorecidos.

Sin embargo, el proyecto de presupuesto presentado esta semana en las Cortes viene a corroborar que se trataba de una bocanada de talante, meras promesas o eslóganes puramente electoralistas. Al respecto, merece una especial atención el hecho de que el diario El País arremeta contra la política económica de Zapatero en sus editoriales o que el ex ministro de economía Pedro Solbes y el referente socialista en materia económica Jordi Sevilla se desmarquen claramente de la política económica de Zapatero.

A grandes rasgos el presupuesto es poco serio (está inflado), continuista e irreal. Poco serio porque no reduce el despilfarro. El volumen de gasto del gobierno central crece un 17% y no todo es gasto social y gasto productivo: el gasto de los altos cargos (alta dirección) aumenta un 6,7% en 2010 mientras la inversión pública se recorta en un -9,4% destacando el brutal recorte en un 35% de las inversiones reales del Ministerio de Ciencia e Innovación que deberían propiciar un cambio de modelo productivo. Irreales porque las previsiones de ingresos con las que sustentar el gasto son muy poco creíble. Con una previsible tasa de paro del 20% la recaudación de IVA no aumentará como se espera, ni siquiera con las subidas anunciadas que tenderán a aumentar el fraude.

De aprobarse el presupuesto anunciado se estarán cometiendo errores muy graves en materia de política económica. En primer lugar no se reduce de manera significativa el gasto estéril y clientelar: mayor coordinación con las Comunidades Autónomas, eliminación de ministerios como igualdad o vivienda, disminución de altos cargos y asesores, privatización de empresas públicas como RTVE…). En segundo lugar el presupuesto genera una cantidad de deudas que hace que el Estado incumpla con los criterios para formar parte de la zona del euro. Cabe señalar que cuando el Gobierno sale a buscar crédito a los mercados (a través de la emisión de deuda pública), el sector privado (autónomos, familias y PYMES) pasarán más apuros para encontrar prestamistas.

Y por último, el presupuesto recurre al bolsillo de las rentas bajas y medias para pagar el agujero económico que ha generado el Gobierno con sus políticas electoralistas y populistas. No nos olvidemos de los cheques de 400 euros y de 2.500 euros para el bebé (que recibieron directores de bancos) o del Fondo Local de Inversión que se utilizó para todo tipo de proyectos variopintos (abrir y cerrar zanjas). Además, la supresión del cheque de los 400 euros afectará más a las rentas bajas y medias ya que supone una mayor proporción de sus ingresos mensuales. Por otro lado, el aumento del IVA (por fortuna no pueden tocar el IGIC que se paga en Canarias) además de generar fraude (¿quiere usted la factura con IVA o sin IVA?), de poner en más dificultades a las empresas y autónomos que verán como aumenta el coste de sus provisiones, o de propiciar aumentos de precios, restará sobretodo ingresos disponibles a las familias con menos ingresos puesto que el IVA no tiene en cuenta cuanto gana la persona que compra o consume. Por último, el aumento en los impuestos a las rentas del capital castiga especialmente a los ahorradores, entre los que se incluyen las clases medias y menos las clases altas que cuentan con alternativas para tributar menos (por ejemplo las SICAV).

La situación es preocupante si consideramos que la inflación volverá con nosotros a finales de año o que los tipos de interés, que están en mínimos históricos, empezarán a subir a medida que las economías europeas se recuperen, y lo están haciendo (Francia y Alemania) mientras España sigue en la parra soñando con los brotes verdes.

España una vez mas a la cola de Europa

2009-09-19T11:16:00.000-07:00

La semana pasada conocíamos tres informes de gran relevancia que evidencian la baja competitividad de la economía española, y por ende de la canaria. En primer lugar, el Informe Global de Competitividad que publica anualmente el Foro Económico Mundial mostraba como España pasó de ocupar el puesto 29º al 33º de entre los países más competitivos, sobre un total de 134 países analizados. Sorprendentemente nos adelantaron países como Emiratos Árabes, China, República Checa y Brunei que pasaban a ser más competitivos que España. Por tanto, estamos años luz del “Top Five” de los países más competitivos (Suiza, EEUU, Singapur, Suecia y Dinamarca) y muy lejos de la liga de campeones europea.

En segundo lugar, España sale pero parada si tomamos en cuenta el Índice de Hacer Negocios (“Doing Business”) que elabora el Banco Mundial. En este ranking alternativo, pero de similar relevancia, España pasa a ocupar el puesto 62 de 183 países analizados, perdiendo 11 posiciones en el último año. Solo el país Namibia pierde más posiciones que España en el último año. De nuevo, España está muy alejada de los líderes mundiales (que en este caso lo forman Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong, EEUU y Reino Unido) y de las principales economías europeas.

En tercer lugar, y en la misma línea, el recién publicado informe de la OCDE sobre el “Panorama de la Educación” nos daba un aprobado raspado o el argot escolar: evoluciona favorablemente pero necesita mejorar. Resumiendo, debemos el informe nos viene a decir que tenemos que lograr que los jóvenes sigan estudiando después de la ESO, en especial en la FP, que sigue siendo nuestra principal debilidad. Según el estudio, tenemos muy bajos porcentajes de jóvenes (entre 24 y 35 años) que no tienen ni título de bachillerato no de formación Profesional, concretamente el 35% frente al 20% en la Unión Europea o el 22% en la OCDE. Sólo Portugal es el único país de los 19 países de la UE que supera a España en abandono escolar.

Esta es la realidad de la economía española, por triste que parezca, con índices bajísimos de productividad y competitividad. A la luz de los resultados uno debe preguntarse: ¿qué inversor extranjero decidirá arriesgar sus ahorros en España o en Canarias con este panorama? Ser menos competitivos presupone contar con una mano de obra menos cualificada, menor protección al inversor, mayores dificultades para crear una empresa, mayores dificultades para contratar o despedir trabajadores, mayor pago de impuestos, mayores trabas burocráticas… ¿Cómo vamos a convencer a nuestros socios extranjeros que los españoles y los canarios somos más competitivos que el resto de países europeos? Para nuestro infortunio, el estallido (aunque lento y moderado) de la burbuja inmobiliaria y la crítica situación el sector de la construcción residencial (promotoras, inmobiliarias, banca) ha propiciado que numerosos analistas hayan comenzado a sugerir a sus clientes no invertir en España, y qué decir de Canarias.

¿Pero por qué razón somos menos competitivos? ¿Por qué España no puede ocupar puestos privilegiados como Alemania, Suecia o Dinamarca? Alguno respondería que los suecos o daneses no padecen la gripe Z o el virus Zparo que ha infectado a más de 1 millón de personas en el último año… En realidad, asumiendo las graves consecuencias de negar la crisis, la política económica del Gobierno de Zapatero no ha hecho hasta la fecha pora solucionar los problemas de competitividad de la economía española. Obviamente, las reformas estructurales tienen un cierto coste político (en términos de desgaste con sindicatos y patronal) pero ínfimo en relación a los costes y consecuencias de no acometerlas: España destaca por tener la mayor tasa de paro y ser el país donde más empleo se destruye de toda la zona del euro.

No hay que ser economista para entender cuales son los males de la economía española y por ende canaria: excesivo peso del sector de la construcción, excesiva dependencia de créditos del exterior, elevado endeudamiento de las familias, elevadísimo coste del empleo, elevado fracaso escolar, reducida vocación internacional de nuestras empresas, escasa propensión a emprender…

Terminando, los informes antes expuestos sobre competitividad y el panorama de la educación son contraproducentes para España y Canarias. No estamos en la liga de campeones europeos (Champions League). El mejor camino para solucionar los problemas es siempre el de reconocerlos y asumirlos. Solamente así podremos estar legitimados para dedicar todos los recursos necesarios para escalar posiciones en materia de competitividad o educación. Pero no valdrá más medicina paliativa cortoplacista sino que será necesario acometer importantes reformas estructurales, en especial en educación y mercado laboral.

Cero Zapatero en impuestos

2009-09-09T06:22:00.000-07:00

En su conjunto, el Estado necesitará aproximadamente 1.000 euros adicionales anuales por hogar en los próximos tres años para cumplir con las normas europeas de estabilidad presupuestaria que obligan a mantener el déficit público por debajo del 3%, alrededor de 30.000 millones anuales. Este miércoles, el presidente del gobierno confirmaba su intención de aumentar los impuestos revelando que pedirá “unos ingresos adicionales a los españoles por solidaridad con los parados, y muchos lo entenderán” por una cuantía de 15.000 millones de euros (1,5% del PIB) cuando el déficit para este año se acercará a los 100.000 millones.

El Estado, como toda familia o empresa en apuro financiero, debería primero renunciar a todos aquellos gastos innecesarios y prescindibles así como acometer reformas estructurales que permitan generar más actividad y por tanto recaudar más en el futuro. Por ejemplo, una necesaria reforma del mercado de trabajo que permitan generar más empleo estable y de calidad, una reforma del sistema educativo que permita aumentar la productividad del empleo y por tanto los salarios; o una reforma de la justicia y del sector público.

Sin embargo, los gobiernos tienden a eludir recortes de presupuesto viéndose obligados a recurrir a subidas de impuestos o aumentos del crédito y el endeudamiento. Además, el sector público tiene la ventaja de contar con el aval del Estado que en teoría no puede quebrar y siempre devuelve la deuda (aunque sin olvidar Argentina) lo que permite al sector público encontrar siempre un prestamista. Sin embargo, el crecimiento sostenible del déficit y de la deuda tiene importantes riesgos. Por dicha razón, los estados miembros de la Unión Europea firmaron el denominado Pacto por la Estabilidad y Crecimiento que forma parte del Tratado de la Unión y que obliga a mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB y el endeudamiento por debajo del 60%.

Ante la necesidad de cumplir con Europa, el Gobierno de Zapatero ha optado por la vía menos recomendable en época de crisis: incrementar impuestos. En principio, no hay constancia de planes para recortar el gasto innecesario en 2010. Todo lo contrario, da la impresión que el gasto es en su totalidad gasto social y por lo tanto intocable. Paradójicamente, al contrario de lo pregonado (más impuestos para los más ricos), aumentará la tributación de las rentas obtenidas del capital (que lo hacen al 18% en la actualidad, por ejemplo por el cobro de intereses por el mantenimiento de depósitos a plazo, cobro de dividendos o plusvalías por la compra-venta de inmuebles. Se trata por tanto de una subida de impuestos para la clase media de asalariados que son quienes mayoritariamente disponen de dichos activos financieros. Por el contrario, las grandes fortunas no tributan por rentas del capital sino que acuden normalmente a la formalización de sociedades que tributan menos como son las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) creadas por las grandes fortunas para invertir en activos financieros y que tributan sólo al 1%.

En mi opinión, se trata de un auténtico disparate porque reduce la renta disponible de las familias en medio de una crisis económica sin precedentes. En todo caso serían necesarias reducciones de impuestos, en IRPF, IGIC o IVA para reavivar el consumo, y en las cotizaciones sociales para reducir el coste del empleo. Segundo, porque es bien conocido que la economía española adolece de un problema de ahorro y gravar las rentas del capital o del ahorro supone agravar el problema. Mayores impuestos sobre el capital propiciarán la fuga de ahorro hacia otros países que disfruten con menor fiscalidad. Por tanto, si faltaba ahorro, con esta subida impositiva el problema se agravará aún más. Tercero, disparatado porque no lleva aparejado un plan de recorte del gasto junto con reformas estructurales de calado que mejoren el potencial de crecimiento de la economía.

Los errores o los fastos del Estado en materia de gasto los pagamos todos los contribuyentes. Me parece descabellado utilizar a los desempleados y a los pensionistas para acallar aquellas voces en contra de la subida de impuestos anunciada. La cifra aportada por el Presidente no cubre ni la séptima parte del déficit previsto para 2009 con lo que es totalmente insuficiente para parar la escalada de déficit-deuda que pagarán nuestros hijos y nietos.

Es verdad que el gasto social aumenta como consecuencia del incremento del paro. Pero para ajustar el presupuesto a los criterios de estabilidad europeos la clave está en reducir el gasto público y no en aumentar impuestos. Es necesario un plan económico y financiero estructurado con plazos muy concretos que contemple una drástica reducción del gasto público (excluyendo del recorte el gasto social), una priorización clara de las inversiones hacia los sectores productivos, y una agenda de reformas estructurales de calado que incrementen el potencial de crecimiento de la economía española.

¿Por qué hay más mileuristas en Canarias?

2009-09-02T06:24:00.000-07:00

Siente de cada diez canarios que reciben algún tipo de ingreso (sueldo, paro o pensión) son mileuristas ,es decir, cobran menos de 1.100 euros al mes. Forman parte de este grupo al menos 800.000 canarios según los resultados de un estudio recientemente publicado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En comparación con el resto de España, Canarias se sitúa en lo más alto del ranking de mileuristas, junto a Extremadura, Galicia, Andalucía o Murcia. Por el contrario, Madrid, Asturias o Cataluña cuentan con un menor porcentaje de mileuristas.

¿Por qué hay tantos mileuristas en Canarias en comparación con otras regiones de España? ¿Por qué son los salarios tan bajos en Canarias y en España en general en comparación con otros países europeos? Como economista lo primero que hago es recordar lo que nos dice la teoría económica sobre la fijación de los salarios clásica o denominada fórmula de Mincer. Esta sugiere que el salario aumenta conforme aumenta la formación o especialización requerida para el puesto en cuestión o en función de la experiencia en el desempeño del mismo. En resumidas cuentas, cobrarán más aquellas personas que sean más productivas, es decir que estén mejor formadas, que trabajen con mayor eficacia y eficiencia y que tengan más experiencia (con rigor, profesionalidad y rapidez). Por tanto, el individuo racional renunciará a un sueldo cuando es joven mientras se forma porque piensa que de esta manera podrá acceder a un mayor salario en el futuro. Hasta aquí la teoría clásica o convencional.

Como en todo mercado, cuando más escasee una formación específica más se pagará por ella en forma de salario (se argumenta habitualmente que sobran licenciados en económicas o derecho y hacen falta más matemáticos o ingenieros…). Por tanto, cuanto más demandado sean un puesto, más especialización requiera y más difícil sea encontrar a personas con dicho perfil, mayor salario potencial tendrá dicho puesto. Es posible que en Canarias falte tanto oferta (empresas) como demanda (personal) que sea capaz de dar trabajo a personas con perfiles muy especializados y por tanto que puedan optar a salarios elevados (altos cargos de multinacionales, grandes buffets de abogados, consultoras…).

Por otro lado, el salario se fija en función del talento de una persona que no tiene que estar siempre en consonancia con el nivel de formación o experiencia. Hay personas muy valiosas con talento (que por tanto podrán optar a un salario mayor) que a pesar de contar con escasa formación destacan por ejemplo por estar muy bien relacionados, dirigir equipos, saber transmitir o vender ideas. No podemos asegurar que los canarios contemos con mayor talento que en el resto de España aunque seamos peculiares o más tranquilos.

Parte de los mileuristas que recoge el estudio para Canarias forman parte del elevado número de mayores jubilados que reciben prestaciones muy bajas como consecuencia de que antiguamente lo normal era no cotizar a la Seguridad social (por ejemplo pescadores o agricultores).

En definitiva, dudo de que la causa de unos menores salarios en Canarias sea la tacañería de los empresarios o el elevado fraude fiscal (comisiones no declaradas, ocupados sin alta en la seguridad social…). Más bien, en mi opinión tiene su raíz en los factores económicos expuestos con anterioridad: una baja cualificación, alto fracaso escolar y un mercado muy reducido para perfiles con un salario potencialmente alto).